Derechos Sociales vuelve a poner en jaque la estabilidad del Gobierno

La actividad de la Consejería de Derechos Sociales ha estado siempre en el ojo de todos los análisis. Al tratarse de una de las carteras de mayor sensibilidad, cualquier movimiento es revisado hasta la extenuación. Sin embargo, cuando de dicho análisis se deriva un empeoramiento de los servicios, algo “está fallando”. Esta es una de las conclusiones las que llegó el propio Diputado del Común, Rafael Yanes, en su informe correspondiente a 2020, en el que se reflejan unas cifras que ponen en el centro de los focos el agujero negro en el que se ha convertido el departamento dirigido por Noemí Santana y que, una vez más, vuelve a poner en jaque la estabilidad del pacto de gobierno en el Archipiélago.

La denuncia anónima de trabajadores de la Fundación que gestiona el centro de menores extranjeros no acompañados ubicado en los apartamentos Puerto Bello, en Mogán, publicada en exclusiva por TIEMPO DE CANARIAS, ha sido el último de los escándalos que ha afectado de lleno a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y que gestiona Noemí Santana. Los presuntos casos de abusos sexuales a menores, el amplio número de personas que se encuentran en paradero desconocido y que deberían encontrarse en dicho centro, así como las continuas contradicciones y mentiras difundidas por la consejera han colocado su trabajo en entredicho.

En este sentido, la portavoz del Partido Popular, Australia Navarro, ha señalado que "la peligrosa deriva que han tenido los acontecimientos en los últimos días” merecía una respuesta más tajante por parte del presidente del Gobierno para “evitar especulaciones”. Sin embargo, añade que “se apunta a la estrategia de mirar para otro lado cuando las aguas bajan turbia". La también presidenta de los populares canarios añadió que "esto no le va a servir para acallar el escándalo con los menores en Mogán", que es "una fuente de conflicto que se les ha ido de las manos y que no han sabido resolver”.

Australia Navarro también carga duramente contra Noemí Santana, señalando que hay "un deficiente sistema de tutela" por la "incapacidad e irresponsabilidad" de la consejera al frente del departamento. En este sentido, cuestiona al presidente regional si mantiene la confianza "en quien ocultó a la Fiscalía la presunta comisión de abusos sexuales, agresiones físicas, y prostitución de menores", "en quien pública y sistemáticamente ha mentido para tapar su incapacidad" o "en quien compara la actuación de la fiscal con Trump". La presidenta de los populares añadió que "por menos cesó a la consejera de Sanidad" y le "indicó la puerta de salida a otra".

Sin embargo, este no es el único problema con el que se encuentra la Consejería. En cuanto a la dependencia, el plazo de resolución de las solicitudes no ha dejado de aumentar. Si el tiempo legal se establece en 180 días, en Canarias en 2018 este tiempo se estimaba en 520, aumentando hasta los 720 en 2019 y los 927 en 2020. Así, durante el pasado ejercicio, la Consejería estaba en proceso de revisión de solicitudes de revisión de grado que se habían presentado en 2015 y 2016 y resolviendo las presentadas en el año 2013, esto es, siete años de atraso para dar respuesta.

Una situación que, según Rafael Yanes, se debe a la falta de personal que existe en la Consejería, donde actualmente hay 90 trabajadores temporales para realizar todos los tramites de gestión de dependencia. Y es que este es otro de los elementos que pasan factura en Derechos Sociales. Asimismo, la gestión de las solicitudes de revisión de grado de discapacidad también se encuentra en una posición cuestionable. Y es que, frente al plazo legal de 90 días, el diputado del común ha puesto como ejemplo que una solicitud presentada en febrero de 2018, todavía no ha recibido respuesta pese a haber pasado más de 1.200 días.

Frente a todo ello, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, advierte al presidente de Canarias de que “va a terminar arrastrado por la clara incompetencia de la consejera de Derechos Sociales y su equipo” que es “incapaz de dar respuesta a los ciudadanos que peor lo están pasando”. Según Espino, no se entiende que ante la evidente precariedad social que padecen las Islas, Noemí Santana continué al frente de Derechos Sociales. “Por menos fueron cesadas Teresa Cruz Oval y María José Guerra como consejeras de Sanidad y Educación”, ha asegurado. Más aún, ha añadido Vidina Espino, después de “la reacción ante el caso de las presuntas agresiones a menores en centros bajo la tutela del Gobierno”, acusando a la Fiscalía de cuestiones en las que no tiene competencias y donde ha quedado constatado que se escapan unos 70 menores al día.