Cerca de 70 menores se fugan cada día de los centros tutelados por Derechos Sociales

La gestión de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias sigue en el punto de mira después de que a principios de la presente semana, TIEMPO DE CANARIAS informara en exclusiva de la denuncia anónima que desvelaba los graves hechos presuntamente acaecidos en Puerto Bello, centro de menores inmigrantes no acompañados ubicado en el municipio de Mogán, al sur de Gran Canaria, donde se han producido supuestas agresiones sexuales y violaciones que el departamento de Noemí Santana nunca puso en conocimiento de la Fiscalía pese a ser conocedor de ellos desde el 31 de mayo. Sin embargo, esto no queda ahí, ya que según fuentes oficiales, cerca de 70 menores tutelados por el Ejecutivo canario se fugan cada día de los diferentes establecimientos de acogida. 

Que los menores abandonen los centros y, a su vez, esto se traduzca en la movilización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para dar con su localización se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en una práctica habitual. Y aunque la mayoría de las veces terminan regresando, lo cierto es que la historia no siempre acaba así. En general, este número tan elevado de fugas diarias no solo vuelve a poner en el ojo del huracán la capacidad de Derechos Sociales para gestionar sus competencias, sino que también viene a demostrar que la situación no parece estar, ni mucho menos, controlada. 

En su declaración ante la Fiscalía, la cual fue conocedora de los graves hechos acontecidos en Puerto Bello a través de la información exclusiva publicada por TIEMPO DE CANARIAS, el director del centro, que a principios de la presente semana acogía a un total de 121 menores, ya reconoció que 11 de ellos se encontraban en paradero desconocido después de abandonar unas instalaciones en las que no solo se denunciaron los hechos ya mentados, sino que tampoco reunía las condiciones de higiene y habitabilidad. Todo ello, en ese momento, sin tener ningún tipo de noticia acerca de su paradero y con Derechos Sociales echando balones fuera.

Y es que desde que se conoció lo que presuntamente había ocurrido, el departamento liderado por Noemí Santana ha intentando defenderse asegurando que la denuncia fue tomada en serio cuando, en realidad, desde diferentes áreas de la Consejería de Derechos Sociales se le ha querido restar importancia por el simple hecho de ser anónima. De hecho, fue la propia Fiscalía la que inició sus averiguaciones por cuenta propia abriendo diligencias y tomando como primera medida la citación del director del centro para tomarle declaración, además de solicitar a la Guardia Civil la localización de los menores trasladados de Puerto Bello después de que la consejería, de prisa y corriendo, iniciara el traslado de "los más conflictivos".

Más de 2.500 menores tutelados

Según los últimos datos que se hicieron públicos en el presente mes de junio, Canarias tutela a más de 2.534 menores no acompañados después de registrar un incremento del 18,4 % en el primer cuatrimestre del año, ya que en abril era de 2.725. En general, para acoger tanto a los que ya están y a los que siguen llegando al Archipiélago se han establecido 30 dispositivos de emergencia, de los cuales 19 se encuentran en Gran Canaria, nueve en Tenerife y dos en Fuerteventura.

De todos ellos, tres son gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, siendo el de Puerto Bello el único que, hasta la fecha, ha requerido de seguridad privada para proteger la convivencia entre los internos y los vecinos de la zona. Dicho centro fue abierto el pasado 1 de diciembre, y desde Derechos Sociales se reconoce que la situación en el mismo se ha ido "degradando" con el tiempo, por lo que esperan proceder a su cierre durante el próximo mes de julio. En ese sentido, cabe destacar que los propios técnicos de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia detectaron "deficiencias" tanto en este centro como en otros similares durante sus visitas.