El Gobierno se da hasta febrero para definir el uso del puerto de Santa Águeda

 El Gobierno de Canarias va a abrir un periodo de consultas con todas las partes interesadas y de estudio de los pros y contra de las diferentes opciones sobre la mesa, en un proceso que no quiere prolongar más allá de febrero, para decidir si el puerto de Santa Águeda, en el sur de Gran Canaria, sigue siendo industrial o se convierte en turístico.

El consejero de Obras Públicas y Transportes, Sebastián Franquis, ha subrayado que, en este momento, comienza un periodo en el que el Gobierno canario se dispone a "escuchar mucho" a todas las partes implicadas, "hablar poco" y "opinar nada" sobre qué le conviene más a la comunidad autónoma respecto al futuro de ese puerto.

El puerto de Santa Águeda es explotado en este momento por la fábrica de cemento de la empresa CEISA en El Pajar, que lo utiliza para dar salida a su producción, pero lo hace gracias a una concesión que vence el 22 de octubre de 2022.

Franquis ha recordado que CEISA ha solicitado que se prorrogue esa concesión hasta 2046, fecha hasta la que puede explotar la mina que abastece a su fábrica, pero también existen empresas del sector turístico que quieren que el uso de ese muelle se reoriente a impulsar el desarrollo vacional de esa zona de la costa comprendida entre los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán.

Ello determina, ha detallado el consejero, que en este momento se vayan a estudiar tres opciones: renovar el puerto industrial, reconvertirlo en deportivo-turístico o combinar ambos usos, si es que ello se considera viable.

El Gobierno de Canarias va a bordar las tres opciones sin ninguna idea preconcebida y con el propósito de sopesar qué costes y qué beneficios sociales comporta cada una y qué le conviene más al interés general de Gran Canaria y del conjunto de Canarias.

Para ello, ha explicado Franquis, se ha constituido una comisión de trabajo de la que forman parte tres consejeros del Ejecutivo (la titular de Turismo e Industria, Yaiza Castillo; el responsable de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena; y él mismo), así como cuatro viceconsejeros con competencias en las diferentes derivadas que puede tener la decisión que se tome.

La primera decisión de esa comisión ha sido encargar tres estudios que sirvan de base a la discusión que se va a abrir: uno socioeconómico sobre los costes y beneficios de cada alternativa, otro ambiental sobre los impactos de cada opción y un tercero sobre el encaje en las diferentes normas de planeamiento del territorio.

Sebastián Franquis ya ha avanzado que es consciente de que no conseguirá "un consenso al 100 %", porque las dos posturas principales (puerto industrial vs puerto turístico) "están enfrentadas", pero sí aspira que la propuesta que se haga lleve detrás el apoyo más amplio posible de los agentes sociales, de la sociedad civil y de las administraciones implicadas.

El consejero se ha marcado la fecha de febrero como momento límite para que esa comisión formule su recomendación al Gobierno de Canarias, con tiempo suficiente para armar toda la tramitación que conlleve la opción elegida de cara a octubre de 2022, cuando expira la concesión actual a favor de la cementera CEISA.