Cuando Podemos mira para otro lado ante presuntos abusos a menores

La denuncia anónima de trabajadores de la fundación que gestiona el centro de menores ubicado en el complejo Puerto Bello, en Mogán, y que fue publicada en exclusiva por TIEMPO DE CANARIAS, ha provocado un auténtico terremoto político y social en las Islas. Sin embargo, la actitud manifestada por la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y la directora general del Menor, Iratxe Serrano, al tratar de minimizar la gravedad de la denuncia por su carácter "anónimo", pone de relieve que Podemos acostumbra a mirar para otro lado cuando las aguas se vuelven turbias. El caso de Puerto Rico es solo un ejemplo más y que, además, recuerda a otro suceso similar, ocurrido en Baleares y que llegó hasta el Congreso de los Diputados. 

En enero de 2020, el escándalo saltaba en Palma de Mallorca, donde se destapaba una red de prostitución en la que estaban implicadas las chicas –16 en total– menores no acompañadas que se encontraban acogidas en uno de los centros dependiente del Consell de Mallorca. Una alarma que iba tomando tintes más oscuros al saberse que se trataba de una práctica ampliamente extendida, en la que se veían implicados también chicos menores de otros centros que obligaban a las jóvenes a prostituirse con otros menores o adultos para conseguir dinero e, incluso, droga. 

Con esta información, se desveló un sistema de atención deficiente, en el que los cargos directivos no eran capaces de aguantar al frente del mismo más de un año y que, en vez de solventar los problemas, se volvían más graves. Tras una comisión de expertos, el informe final no hizo alusión alguna al caso de abusos de las 16 menores. El escándalo llegó hasta el Parlamento Europeo, quien solicitó a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, que respondiese ante estos casos de abusos de menores. 

La Eurocámara le exige en febrero del presente año que dé explicaciones detalladas sobre las medidas y soluciones adoptadas por su ministerio para proteger a los menores y zanjar el caos. Por parte del que fuera vicepresidente segundo del Gobierno de España, la respuesta fue mirar para otro lado, pedir perdón a las víctimas de abusos pero tratando de pasar por alto que llegó a oponerse a investigar el caso de las menores prostituidas en Baleares.

El escándalo de Puerto Bello

Este lunes, TIEMPO DE CANARIAS publicaba en primicia una denuncia por presuntos abusos sexuales a menores migrantes no acompañados. Desde entonces, el departamento dirigido por Noemí Santana no ha dejado de lanzar balones fuera. Desde un primer momento, desde Derechos Sociales han querido dejar claro que “desconocíamos” los hechos denunciados, pese a que la directora general del Menor reconoció este miércoles que leyeron el correo electrónico enviado por los trabajadores el pasado 1 de junio. Pero el catálogo de argumentos continuó al apuntar que no pudieron presentar denuncia porque la denuncia recibida “no es formal” y que se trataba de “un correo electrónico anónimo”. 

Mientras tanto, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI –responsable de gestionar este recurso de acogida de emergencia– cambia al director del centro el mismo día en que se conocen los hechos denunciados y Derechos Sociales ordena el traslado urgente de cerca de 50 menores a otros centros. Pero desde Podemos siguen apuntando que ellos hicieron lo que debían al poner las investigaciones realizadas –que en ningún caso hablan de los presuntos abusos– en manos de la Policía Canaria y de la Fiscalía. Sin embargo, la Fiscal Jefa Provincial, Beatriz Sánchez, es tajante al afirmar que, “en ningún  momento Derechos Sociales nos comunicó nada”. Tras estas palabras, Iratxe Serrano cambiaba de dirección y apuntaba a la Fiscal decana, Aurora Pérez. 

Y mientras el Ministerio Público investiga, Derechos Sociales vuelve a salir a la palestra responsabilizando a este de no aportar los medios necesarios suficientes para agilizar los decretos de mayoría de edad y, con ello, dificultar detectar cuántos menores y cuántos adultos se encuentran en los centros de menores, como si ello les eximiera de responsabilidad ante los hechos denunciados.