Bueno: “Si Derechos Sociales hubiera iniciado un proceso de investigación en Porto Bello la respuesta hubiera sido inmediata”

La alcadesa de Mogán, Onalia Bueno, ha cuestionado este martes que la Consejería canaria de Derechos Sociales, a instancias de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, haya iniciado ninguna investigación interna en el centro de menores de inmigrantes en Porto Bello puesto que “la respuesta hubiera sido inmediata y contundente ante la gravedad de los hechos”.

Así lo ha declarado Bueno en declaraciones a Maspalomas Ahora, después de que presentara hoy una denuncia en la Fiscalía de Menores tras recibir el pasado viernes, 10 de junio, en el ayuntamiento de Mogán un correo electrónico de trabajadores  del centro de la Fundación Respuesta Social S.XXI en la que relataban repetidas agresiones sexuales cometidas por mayores de edad dentro del recinto o el ejercicio de la prostitución por menores tutelados, “tanto dentro como fuera del establecimiento”. Un auxiliar del turno de noche llega a indicar la existencia de vídeos de las agresiones sexuales y se asegura que varios menores también informan de lo ocurrido.

También delatan otro tipo de negligencias como la falta de atención médica de los menores que tienen un tratamiento psiquiátrico o  los que requieren antibióticos, así como el inexistente protocolo anti COVID-19. Asimismo,  las deficientes condiciones de habitabilidad que presentan las instalaciones por los altercados que se han sucedido en los últimos meses y  el mal estado de las instalaciones de suministro eléctrico y de agua.

La Fundación Respuesta Social S.XXI indica que los hechos descritos se han puesto en conocimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, la última vez el 31 de mayo, y que esta aún no ha llegado a inspeccionar el complejo.

“Mi obligación como máxima responsable de mi municipio es poner en conocimiento de la Fiscalía de Menor lo que ahí sucede”, ha manifestado la regidora, que recuerda que hace más de un mes solicitó el cese de la actividad en Porto Bello debido a la falta de condiciones de habitabilidad del complejo. Asimismo, advirtió al Gobierno canario que, de lo contrario, pondría en conocimiento de la Fiscalía los acontecimientos “graves y muy graves” que se han venido aconteciendo en el establecimiento (peleas, destrozos de mobiliario, robos...).

A pesar de que desde la Dirección General de La infancia se comprometieron a “desalojar el complejo en junio”, el contrato se renovó hasta septiembre.

A fecha de este lunes, 14 de junio, permanecen en Porto Bello 121 migrantes y 9 fugados “de los que no hay ningún control sobre ellos”, advierte.

Bueno subraya la importancia de que este centro “cierre cuanto antes” y se distribuya a lo menas “donde corresponda, tanto para la tranquilidad de los vecinos como para garantizar al turista que pueda venir con tranquilidad”.