Trabajadores del centro de menores Porto Bello denuncian violaciones y prostitución dentro del establecimiento

Trabajadores de un centro de menores migrantes no acompañados ubicado el complejo de apartamentos Porto Bello del municipio de Mogán han denunciado repetidas agresiones sexuales cometidas por mayores de edad dentro del recinto o el ejercicio de la prostitución por menores tutelados, “tanto dentro como fuera” de las instalaciones, situaciones que, aseguran, se producen con el conocimiento de la dirección del centro sin que sus responsables hagan nada por impedirlas. En una denuncia anónima enviada el pasado viernes al Ayuntamiento de Mogán, los trabajadores detallan numerosos episodios que, sostienen, vulneran los derechos de los menores acogidos en el centro gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y tutelados por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, sin que ninguna de las dos instituciones hayan hecho nada por impedirlos.

Según detalla un grupo de trabajadores de esta entidad que “desempeñan sus labores en los diferentes centros de la fundación en Gran Canaria” en el escrito, al que ha tenido acceso TIEMPO DE CANARIAS, las conductas relacionadas con la integridad sexual de los menores tutelados constituyen las vulneraciones más graves de sus derechos, pero no serían las únicas constatadas en este centro, ubicado en un complejo turístico del municipio de Mogán, ya que detallan también “agresiones físicas y maltrato continuado” por parte de algunos trabajadores, deficiencias en la atención sanitaria o malas condiciones de habitablilidad e higiene en las instalaciones y sostienen que estos episodios “negligentes” son “permitidos y fomentados” tanto por la dirección “pasada y actual del centro”. 

Así, en su relato sostienen que a comienzos del pasado varios menores comunicaron a una de las cuidadoras que otro de los internos había “sufrido repetidas agresiones sexuales por parte de dos de los usuarios del centro”, que –aseguran– “en aquel entonces ya se había certificado que eran mayores de edad y estaban pendientes de traslado”. En ese momento, detalla la denuncia, el menor víctima de estas agresiones “se encontraba fugado, argumentando sus compañeros que el motivo de la fuga era para evitar esas agresiones y el bullying que sufría por parte de algunos de los menores del centro que ridiculizaban su situación”.

Al recopilar información para confirmar la posible veracidad de los hechos, una de las cuidadoras descubre la existencia de vídeos de las agresiones, “y que incluso algunos compañeros del turno de noche tienen alguno de esos videos en sus móviles”. Sin embargo, siempre según el relato de la denuncia, este extremo es negado por esos trabajadores, aunque sí reconocen “que las agresiones sexuales sí han tenido lugar y que múltiples menores se lo habían trasladado”. Ante esta situación, el equipo educativo solicita a la dirección del centro “continuar recopilando información, reforzar los turnos de noche para evitar dichas situaciones y realizar la correspondiente denuncia”, a lo que esta responde “que se haría cargo de todo ello”.

“La realidad es que a día de hoy no se ha interpuesto la correspondiente denuncia, no se han reforzado los turnos de la noche, el menor continua fugado y a pesar de que la dirección tiene información de su paradero no han hecho nada para intentar ayudarle”, sentencian los trabajadores en su denuncia. A estos graves hechos se suma, según los denunciantes, que la dirección del centro “tiene constancia de que al menos tres de los menores han ejercido la prostitución tanto dentro del centro con otros menores, como fuera del mismo con personas ajenas al centro (supuestamente mayores de edad). Sin embargo, no han realizado ninguna intervención con los menores ni informado de ello a las autoridades”, insisten.

Ante la pasividad de una dirección “ausente y negligente, cuyo propósito parece estar más centrado en establecer nuevos centros en la isla y expandir su campo de acción con sus correspondientes beneficios” para la entidad responsable del centro, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, sostienen en la denuncia, estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias –dependiente de la Consejería de Derechos Sociales–, “la ultima ocasión el 31 de mayo”, a través de un correo electrónico del que adjuntan una captura, sin que esta haya tomado tampoco cartas en el asunto.

La denuncia detalla también que durante los meses que el centro, ubicado en los apartamentos Porto Bello, lleva en funcionamiento “se han producido diversas y repetidas agresiones físicas a los menores por parte de algunos empleados”, entre las que citan “contenciones físicas desproporcionadas, en las que auxiliares que duplicaban el peso del menor colocaban su rodilla sobre el cuello de los menores una vez que ya estaban contenidos sin mostrar resistencia”; intimidación de los menores mediante “golpes violentos contra la pared” con un palo; insultos continuados y vejatorios con referencia a la “raza, edad, apariencia física, higiene y orientación sexual” de los menores, o despertarlos “con gritos, insultos, utilizando linternas de luz blanca proyectada directamente sobre los ojos e incluso arrojándoles agua”. 

Todas estas situaciones “y otras muchas de la misma tipología” son conocidas por los directores, sostienen, que sin embargo “no han tomado medidas e incluso han recontratado personal que había abandonado la fundación y que realizaba alguna de estas prácticas”. Además, abundan, “cuando los menores han solicitado interponer denuncias contra dichos trabajadores, la dirección ha presionado a los menores para disuadirlos en su intención e incluso les han negado los hechos”.

En lo que respecta a la atención médica, los trabajadores afirman que la dirección “se ha negado a solicitar pruebas diagnosticas de enfermedades de transmisión sexual a los menores, a pesar de ser conocedores de que muchos han mantenido relaciones sexuales de riesgo y sin protección”, la inexistencia de un protocolo covid ni habitaciones de confinamiento para posibles positivos, o casos de “menores que no han recibido atención medica durante semanas a pesar de ser realmente necesario”. A ello se suma “el descontrol existente con la medicación de los menores y sus correspondientes tomas” o la “desaparición” de medicación psiquiátrica a la que “solo tiene acceso parte del personal”, aseguran. Denuncian también que no se ha escolarizado a “ningún menor” del centro, “a pesar de que son más de 40 los que por edad estarían obligados a estarlo” y que, “desde hace meses no se realizan talleres para trabajar aspectos emocionales ni sociales, limitando así la integración de los menores”.

Además, a consecuencia de un “motín” protagonizado el pasado mes de febrero por algunos de los menores acogidos, el centro quedó “gravemente deteriorado”, sin que los desperfectos fueran reparados. Así, denuncian que hubo “habitaciones sin cristales en los balcones durante semanas”, una situación que achacan a que el entonces director “ordenó al único trabajador de mantenimiento que había pintar y acondicionar su nuevo despacho, posponiendo la reparación de las habitaciones que seguían estando ocupadas por los menores”. Aseguran, además, que una vez reparados esos daños la situación de los menores no ha mejorado, ya que “han estado durante todos estos meses viviendo en pésimas condiciones”, en habitaciones “con más del doble de su ocupación”, sufriendo “cortes continuos del sistema eléctrico”, con “electrodomésticos con los cables pelados enchufados directamente a la red eléctrica”, averías “en el sistema de calentamiento del agua corriente” o falta de prendas, mantas y productos de higiene. Una situación que, afirman, no solo “no han mejorado en la actualidad”, sino que “la mayoría de ellas se han agravado, continuando los menores viviendo condiciones de inhabitabilidad”.

Los trabajadores agregan que “la ausencia continuada de los directores en el centro ha generado un descontrol en el personal” que ha derivado en “situaciones complicadas por parte de algunos empleados”

A estas estas irregularidades, los trabajadores agregan que “la ausencia continuada de los directores en el centro ha generado un descontrol en el personal” que ha derivado en “situaciones complicadas por parte de algunos empleados”, con trabajadores “que facilitan tabaco a los menores e incluso fuman con ellos en el interior de las habitaciones”, “múltiples indicios y testimonios (tanto de personal como de menores) sobre venta de sustancias estupefacientes a los menores por parte de algunos trabajadores”, consumo de este tipo de sustancias “por parte de empleados en horario laboral”, “incumplimiento de normas internas y de las funciones educativas”, “conductas abusivas” o “robos del dinero de los menores”, al que solo el personal tiene acceso”, entre otras muchas conductas irregulares denunciadas. 

También sostienen que “el registro de entrada y salida de menores del centro no refleja la realidad” o que algunos miembros del personal “no han entregado el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual hasta pasados meses desde su contratación”

“Al igual que existe un descontrol generalizado del personal –recoge la denuncia–, también lo hay en la documentación”, con denuncias de fugas y reingresos al centro “que no se realizan en fecha y forma”, “falseamiento” de los proyectos educativos individuales, “ya que el objetivo manifiesto del director con la realización de estos proyectos era impresionar a la administración”; ausencia de registro o memoria de actividades, “puesto que las actividades formativas y de ocio y tiempo libre son casi inexistentes”. También sostienen que “el registro de entrada y salida de menores del centro no refleja la realidad” o que algunos miembros del personal “no han entregado el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual hasta pasados meses desde su contratación”. A ello agregan unas condiciones laborales en las que sufren un reparto “insuficiente de mascarillas EPI”, con solo “cuatro al mes”, “ratios de un auxiliar para más de 60 menores”, descanso diario de solo “15 minutos” o que “en repetidas ocasiones no se ha respetado las horas mínimas de descanso entre turnos”, detalla la denuncia.

El escrito concluye asegurando que “todo lo reflejado en este escrito es más que conocido por la dirección del centro” y constituye “solo algunas de las situaciones con las que tenemos que convivir nosotros y lo menores en nuestro día a día”, sin que los responsables de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y la administración competente –la Consejería de Derechos Sociales– tomen cartas en el asunto.