Derechos Sociales, un barco que hace aguas

A la consejera Noemí Santana se le acumulan los problemas en Derechos Sociales, un departamento que, desde su llegada, hace aguas. Una de las áreas que han tenido que asumir un mayor protagonismo tras la llegada de la Covid-19, registra para 2021 un incremento de su presupuesto del 0,8 % y mantiene al Archipiélago a la cola en dependencia, sigue sin dar respuesta a la problemática de los menores migrantes no acompañados o continúa sin efectuar nuevas incorporaciones a su plantilla pese a la sobrecarga de expedientes pendientes. Todo ello, bajo un único mantra “la situación actual es por culpa de la herencia recibida”. Un argumento que se continúa utilizando dos años después de su llegada a una de las carteras más delicadas del Ejecutivo regional. 

Dependencia

Al cierre de 2020, Canarias se mantiene como la peor comunidad autónoma en esta materia tras registrar menos beneficiarios –actualmente hay 16.593 grandes dependientes–, menos prestaciones concedidas y menos resoluciones de grado por parte de la Consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana. O lo que es lo mismo, no sólo no se han incorporado nuevos dependientes al sistema, sino que, solo en el primer mes del presente ejercicio, su número continuó disminuyendo. Ya el portavoz del Observatorio Estatal Dependencia, José Manuel Ramírez, alertó de que esta situación es el fruto de una "mala gestión, poca prioridad y la falta de alma política y sensibilidad social”. 

Además, según el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (IDEC) correspondiente a 2020, realizado por la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales, el Archipiélago, junto a Madrid, Murcia y Cantabria, cuenta con los servicios sociales más “irrelevantes” del país. Este informe, denuncia la “ineficiencia” en la prestación de servicios en Canarias. Según el documento, las peores coberturas y servicios, en relación a la media estatal se dan en la atención a la dependencia, las rentas mínimas de inserción y las plazas residenciales públicas para mayores, y también hay falta de personal técnico en la red de servicios sociales básicos. 

Pensiones no contributivas

La Consejería ha reconocido este jueves que está tardando una media de once meses en ver por primera vez los expedientes de pensiones no contributivas, un retraso que achacan al "cambio de sistema informático" que se está llevando a cabo actualmente en el departamento. No obstante, afirman que los inconvenientes "se solventarán en estos meses". Por otro lado, se asegura que la consejería dispondrá próximamente, "a través de un Plan de Choque", de mayor plantilla con la que atender los expedientes y reducir los tiempos de espera. Sin embargo, esos refuerzos, varias veces anunciados nunca terminan de llegar.

Renta Canaria de Ciudadanía

Uno de los proyectos estrella de Derechos Sociales, no estará en pleno funcionamiento hasta 2023. La aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del Ingreso Mínimo Vital (IMV), obliga a ralentizar la elaboración de una ley que ahora ve modificados sus plazos y objetivos y cuya aplicación, en fase inicial, no se producirá hasta el próximo 2022. La renta canaria podría comenzar a hacerse efectiva el próximo año, aunque luego tendrá un plazo de entre seis y quince meses para que su aplicación esté completada, es decir, que no llegará a todos los beneficiarios hasta el 2023. No obstante, estos plazos pueden variar en función de cómo evolucione la implantación del Ingreso Mínimo Vital.

Organizaciones No Gubernamentales

Las ONG no han recibido el dinero del reparto del IRPF correspondientes al año 2020. Algo que se agrava al conocerse que, hasta el momento, no existe una convocatoria para el presente ejercicio. Ya en diciembre de 2020, la Coordinadora de Acción Social de Canarias, integrada por una treintena de organizaciones no gubernamentales, exigieron a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias una convocatoria pública para conceder las subvenciones a programas para atender fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del IRPF y dejar sin efecto una nota informativa dictada el mismo mes en la que se manifestaba la intención de asignar estas partidas de forma directa.

Una situación que llegó a generar “hartazgo” entre las organizaciones, que denunciaron el desamparo y desmantelamiento de muchos de los servicios que se prestan a gran parte de la población vulnerable del Archipiélago. "El problema que arrastramos desde 2018 son las bases y criterios para las convocatorias al IRPF, ya que son completamente absurdas", explicó en diciembre Emma Colao, portavoz de la plataforma, a TIEMPO DE CANARIAS. Ven dos ejes problemáticos: en primer lugar, la falta de seriedad en los plazos de las convocatorias para las subvenciones y, en segundo lugar, las bases y criterios: "Nos están abocando al desmantelamiento de nuestros servicios. Y Noemí Santana lo sabe”.

Falta de plantilla

Uno de los principales handicaps que dice Noemí Santana encontrar para mejorar la situación de la atención a Derechos Sociales es la falta de trabajadores. Sin embargo, pese a la incorporación de plantilla que se ha realizado en áreas como Sanidad y Educación –muy afectadas por la pandemia–, otra de las áreas que ha contado con un gran protagonismo desde la llegada de la Covid-19, la dirigida por Noemí Santana, no ha sumado a ni un solo empleado más. Además, la Coordinadora de Acción Social, a cargo de la Consejería, llegó a denunciar a finales de 2020 el desamparo y el desmantelamiento de muchos de los servicios que se prestan a gran parte de la población vulnerable de Canarias. 

Menores migrantes no acompañados

Otro de las grandes problemáticas a las que ha tenido que dar respuesta la consejera Santana es la llegada de menores migrantes no acompañados, los conocidos como menas. El Archipiélago cuenta con unos 2.500 menores alojados en hoteles y albergues creados por el Gobierno central, pero pocas han sido las soluciones que se han buscado para reducir el número de menas asistidos por la administración autonómica. La parlamentaria de Coalición Canaria, Cristina Valido, llegó a criticar el “desconocimiento total” del Ejecutivo regional de la normativa vigente que permite la redistribución de los menores y exigió una gestión con “más rigor” a Noemí Santana.