El juez ordena el desalojo de los menores migrantes del complejo turístico Tamanaco

El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado la medida cautelar para suspender el desalojo de los menores migrantes no acompañados alojados en el complejo turístico Tamanaco, ubicado en Puerto Rico.

En el auto al que ha tenido acceso el periódico, TIEMPO DE CANARIAS, el magistrado D. Ángel Teba García rechaza la medida cautelar planteada por la Fundación SAMU contra una resolución del Ayuntamiento de Mogán y, en consecuencia, da la razón al Consistorio y acuerda alzar dicha suspensión, decretada por auto el pasado 15 de abril.

Según queda recogido en el auto, la Fundación SAMU interpuso un recurso contencioso-administrativo frente a la resolución 1176/2021 dictada por el Ayuntamiento de Mogán y fechada el pasado 15 de marzo, solicitando la adopción de medidas cautelares consistentes en la suspensión del desalojo de los 'menas' de los citados apartamentos de Puerto Rico.

El demandante indica que “la orden que se impugna supondría echar a la calle en quince días a ciento cincuenta menores extranjeros no acompañados que no han podido ser acogidos por la red de recursos residenciales de la Comunidad Autónoma”.

No obstante, según el 'Informe sobre la situación del dispositivo de emergencia Tamanaco dirigido al acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados', elaborado por la Directora General de Protección a la Infancia y la Familia, se subraya que la previsión de cierre de dicho dispositivo era del 31 de abril de 2021, “o como más tardar durante las primeras semanas del mes de mayo”.

Por lo tanto, se apunta que “a día de hoy estamos a 26 de abril de tal modo que cuando Fundación SAMU haya apurado el plazo de 15 días otorgado por la Corporación Municipal para el cede en el uso del complejo de apartamentos la Administración ya habrá puesto fin al cierre del dispositivo de emergencia Tamanaco, que era lo que fundaba el alquiler concertado por la Fundación SAMU”.

Asimismo, se especifica que “tanto la Fundación SAMU como la CCAA [de Canarias] debieron contemplar la inestabilidad para el acogimiento de los menores migrantes desde el momento en que el arrendador inició, ante los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, acciones judiciales a fin de obtener la resolución de contrato de arrendamiento que era el título que habilitaba, desde una perspectiva civil, la ocupación del inmueble”.

Por todo ello, añade que “procede, en consecuencia, la desestimación íntegra de la medida cautelar interesada por la Fundación SAMU”.

Con respecto a las posturas opuestas del Ejecutivo autonómico y del Consistorio moganero en este conflicto, el auto también señala que “debe destacarse que los objetivos de ambas partes, por más que figuren como parte demandada y codemandada, se muestran antagónicos, pues la Comunidad Autónoma de Canarias aboga, contra toda lógica procesal, porque se conceda la suspensión del desalojo acordado”.

En este sentido, el magistrado explica que “dado que la CCAA comparece en calidad de codemandada, la única postura que le está permitida en el procedimiento es la de defensa de la legalidad del procedimiento y de la Resolución objeto de recurso no pudiendo, desde la posición que le ocupa, cuestionar la legalidad del Acto administrativo recurrido”. 

Finaliza destacando que “si entiende que la Resolución controvertida no es ajustada a derecho hubo de recurrirla como ha hecho Fundación SAMU” y aclara que “la CCAA tenía perfecto conocimiento de lo que se avecinaba y si no recurrió frente la Resolución del Ayuntamiento de Mogán no puede hacerlo ahora de manera subrepticia”.

Sobre la solicitud de medidas cautelares, el auto menciona que "siendo la suspensión de los Actos administrativos una medida excepcional debe imperar la presunción de legalidad de los mismos frente al interés particular de Fundación SAMU".

De este modo, a través del auto el juez lanza un dardo tanto a la Fundación SAMU como a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno autonómico, responsable de gestionar la situación de los menores inmigrantes que arriban al Archipiélago, y ordena alzar la suspensión del desalojo de los migrantes alojados en el complejo Tamanaco.

Cabe recordar que en los últimos meses se han registrado varios incidentes en dichos apartamentos protagonizados por menores inmigrantes no acompañados, requiriendo la intervención tanto de la Policía Local de Mogán como de la Guardia Civil.