El drama migratorio de Canarias no cesa y exige soluciones

El drama migratorio sigue golpeando a Canarias, testigo una vez más de cómo muchas personas se lanzan desesperadamente al mar en busca de una vida mejor. En algunas ocasiones ese propósito se traduce en tragedia, como la ocurrida este pasado lunes en aguas próximas a la isla de El Hierro donde se localizaron 17 cadáveres a bordo de un cayuco con solo tres supervivientes. Coincidiendo con el terrible suceso, Francisco Fernández Marugán compareció en el Senado durante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el informe 'La migración en Canarias' después de que varios técnicos visitaran durante meses los centros e instalaciones de recepción y acogida de inmigrantes.

"Lo que ha ocurrido en 2020 nos ha de permitido sacar alguna lección sobre este tipo de fenómenos", comenzó diciendo en su exposición el Defensor del Pueblo en funciones. Fernández Marugán recordó algunas de las cifras más destacadas de la crisis migratoria que se vive en Canarias (23.023 personas en 2020), pero especialmente la acontecida durante la segunda mitad del año 2020, donde arribaron la mayor parte de estas personas. En medio de todo ello un criticado sistema de acogida con el Muelle de Arguineguín como el principal punto conflictivo. "Revertir lo que sucedió en Arguineguín no era sencillo; la gran afluencia de población emigrante hacía muy difícil encontrar soluciones razonables al problema", expuso Marugán.

El Defensor del Pueblo describió lo vivido en el sur de Gran Canaria señalando que las autoridades competentes "no estaban preparadas para dar una respuesta adecuada" y que "hubo falta de previsión, descoordinación y ausencia de una red de acogida". Además, tal y como aseguró en su intervención, el informe 'La migración en Canarias', "dice bien que los derechos de las personas se vieron reiteradamente vulnerados y las condiciones se vieron profundamente degradadas". Un recurso de emergencia calificado como el "campamento de la vergüenza" que llegó a albergar a más de 2.000 personas hacinadas hasta que cerró a finales de noviembre con más de cuatro meses de intensa actividad migratoria y de críticas.

Durante todo este tiempo, y tras tener aún en la retina la crisis de los cayucos de 2006, Canarias ha tenido que convivir –y lo sigue haciendo– con un drama migratorio que solo en lo que va de año 2021 ha dejado 88 muertes en la ruta canaria, una vida cada 32 horas, según datos de las agencias ACNUR y la OIM. Estas cifras incluyen la última tragedia ocurrida este pasado lunes donde un helicóptero del SAR auxilió a una patera que iba rumbo a la nada, a casi 500 kilómetros al suroeste de la isla de El Hierro con 17 personas muertas a bordo y solo tres supervivientes -una mujer y dos hombres-. Se trata de una de las mayores tragedias vividas en aguas canarias. 

Fondos urgentes para atender a menores migrantes

El pasado 12 de febrero, según las datos aportados por Francisco Fernández Marugán, se cifró en 2.666 los menores extranjeros no acompañados que quedan bajo la tutela del Gobierno de Canarias. "Es un número respetable; los recursos disponibles del sistema de protección no lo soportan y hubo que habilitar centros de emergencia", recordó Marugán durante su intervención en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. El informe recientemente publicado por CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) especifica que los lugares de procedencia mayoritaria de estos menores son Marruecos (60 %), Malí (25 %), Senegal, Guinea Bissau, Guinea Conakry e incluso Malawi.

Ante este escenario, el Defensor del Pueblo ha señalado que "no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que supone esta prestación", y ha añadido que se necesita para hacer frente a este problema "la colaboración y solidaridad del resto de territorios peninsulares" y que exista "una voluntad política y financiación adecuada por el Estado". También tuvo palabras para destacar la situación de los menores acompañados por adultos, y que han sido separados al llegar a tierra: "Separar a las madres y los hijos es un acto muy duro y debemos ver cómo resolverlo".

Durante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, una de las voces más críticas en Canarias con la gestión de la crisis, la del senador nacionalista Fernando Clavijo, apuntó en la misma dirección sobre la acogida de estos menores no acompañados. "Es deber de todos dar respuestas a estas niñas y niños y prestarles una atención adecuada y, sobre todo, hacer una apuesta por su integración y preverles un futuro que, en ningún caso, pasa por concentrarlos en un territorio como Canarias".