Canarias se niega a convertirse en una nueva Lampedusa

La isla italiana de Lampedusa –al igual que antes la griega de Lesbos– se ha convertido en los últimos años en la imagen más vergonzosa de una Unión Europea. Fruto de una política insolidaria y carente de respeto por los más elementales derechos humanos, ambos territorios se convirtieron en auténticas cárceles para milles de migrantes y refugiados que se habían lanzado al Mediterráneo en búsqueda de un futuro mejor en Europa. La brutal reactivación de la ruta migratoria atlántica, a mediados del pasado año –y en coincidencia con los cierres de fronteras a causa de la pandemia de coronavirus–, trasladó gran parte de la presión migratoria del Mediterráneo a Canarias, cuyos habitantes viven desde hace meses con la preocupación de convertirse en un nuevo símbolo de la Europa más egoísta y reaccionaria.

Prácticamente aisladas del resto del mundo por la pandemia, en los últimos meses el Archipiélago ha asistido a una llegada masiva de migrantes sin que las autoridades estatales ni comunitarias hayan estado a la altura de las circunstancias. En 2020 arribaron a las costas del Archipiélago 745 embarcaciones con al menos 23.023 migrantes a bordo, lo que supone un repunte de más del 750% con respecto al año anterior, en el que se contabilizó la llgada de solo 2.687 migrantes en patera o cayucos a las Islas, según los datos acumulados del informe de inmigración irregular del Ministerio del Interior. Estas cifras convierten al pasado ejercicio en segundo año con mayor afluencia de migrantes a las costas isleñas, solo superado por los momentos más duros de la conocida como crisis de los cayucos de 2006.

A diferencia de lo ocurrido en aquel momento, en el que se activaron todo tipo de mecanismos para redistribuir la presión migratoria entre el conjunto del Estado, en esta ocasión el Gobierno español –alegando que el cierre de fronteras de los países emisores, principalmente Marruecos y Mauritania, pero también Senegal, impedía su devolución– decidió no permitir tampoco su derivación a la Península, levantando de facto una frontera entre el Archipiélago y el resto del territorio de la Unión Europea. Esta decisión derivó en situaciones ampliamente contestadas, como el hacinamiento que se produjo en los meses de septiembre en el muelle de Arguineguín, donde un campamento de emergencia levantado por Cruz Roja y con capacidad para cuatro centenares de personas llegó a albergar cerca de tres mil migrantes en condiciones infrahumanas.

Esta situación motivó los primeros enfrentamientos entre las instituciones canarias y el Gobierno del Estado. La escasa capacidad demostrada por los tres ministerio con competencias directas o indirectas en materia migratoria (Interior, Migraciones y Defensa) para gestionar este problema provocó enormes tensiones que las repetidas visitas de sus titulares al Archipiélago no lograron rebajar. De hecho, la presencia de los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska y Migraciones, José Luis Escrivá, en las Islas en el último tramo de 2020, lejos de aportar soluciones contribuyó a agravar el problema y llevaron al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a enfrentarse a este último ante la tibieza de sus planes para acoger a los inmigrantes más allá de su alojamiento de emergencia en complejos hoteleros, vacíos a causa de la crisis turística.

A pesar de compartir color político con el Gobierno central, el jefe del Ejecutivo regional se ha puesto en numerosas ocasiones al frente de las reivindicaciones sociales y humanitarias del Archipiélago, con el objetivo de que se ofrezca una atención digna y humanitaria a los miles de migrantes que aún permanecen en el Archipiélago y a los que no se les permite continuar con su periplo hacia la Península u otros países europeos, a pesar de cumplir con los requisitos necesarios para poder moverse libremente por territorio europeo. Una restricción de derechos que la pasada semana constataba una resolución judicial en la que se afeaba a la Policía Nacional impedir embarcar en vuelos o barcos rumbo a territorio continental a migrantes con pasaportes en regla o solicitantes de asilo.

Las malas condiciones de habitabilidad y la ínfima calidad de la comida que reciben los migrantes acogidos en algunos de los campamentos levantados por el Ministerio de Migraciones en antiguas instalaciones militares de Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura son otros de los focos de tensión entre toda clase de organizaciones sociales y políticas de las Islas –y de fuera de ellas– y el Estado. Este mismo viernes, Amnistía Internacional, tras visitar varios de esos campamentos, alertaba de que las condiciones de acogida continúan siendo indignas, mientras que un día antes, el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, pedía al Gobierno central que "se deje de cuentos" y no convierta a Canarias en una Lampedusa, puesto que  con el aumento en la llegada de inmigrantes, la política actual hace que las islas parezcan campos de refugiados.

De hecho, y aunque en los últimos días el constante goteo de pateras y cayucos hacia Canarias parezca haber dado un respiro, hasta el pasado 15 de abril habían arribado a las costas isleñas 3.980 migrantes, un 125% más que en el mismo periodo del pasado año, cuando se contabilizaron 1.770, en un indicio de la reactivación de la ruta canaria que estaba a punto de comenzar. La masiva presencia de migrantes, obligados a permanecer en las Islas contra su voluntad ha generado numerosos episodios de tensión, no solo entre los propios afectados, sino también con una sociedad solidaria y que se resiste a desempeñar el papel que la actual política estatal y europeas parecen haberle asignado.

A esas denuncias de oenegés, colectivos sociales o instituciones como el Defensor del Pueblo se suman también las del jefe del Ejecutivo Canario, que en numerosas ocasiones ha levantado la voz para asegurar que Canarias no se resignará a convertirse en otra Lesbos o Lampedusa. Lo hizo ya delante del ministro de Migraciones, cuando este presentaba el Plan Canarias para acoger a los migrantes en el Archipiélago y evitar así sus derivaciones, pero en los últimos meses sus llamadas de atención al Estado y a las instituciones comunitarias han sido una constante, tanto desde el Archipiélago como en Madrid o en Bruselas. 

Así, en su discurso durante el reciente Debate sobre el estado de la Nacionalidad Canaria, Ángel Víctor Torres advertía de que iría “mil veces” a Madrid a defender a las Islas si fuera necesario y exigía una vez más solidaridad del resto del Estado para acoger a los migrantes. Una declaración de intenciones que recordaba a otras declaraciones, también en sede parlamentaria, en las que advertía al Gobierno español de que Canarias entera se “reviraría” si no se buscan soluciones a la “nefasta gestión” del problema migratorio, que pasan por aliviar la presión que registra el Archipiélago.

Para Torres, corresponsabilidad –más que solidaridad– es, en este asunto, la palabra clave. Por ello, era lo que pedía al resto de comunidades autónomas en una comparecencia en el Senado el pasado mes de febrero. Y era lo que exigía también a las instituciones europeas hasta en dos ocasiones entre febrero y marzo, primero en una reunión con responsables de la comisión que reformará el actual Marco Europeo sobre Migraciones y Asilo y más tarde en una comparecencia ante ese órgano del Parlamento Europeo, al que exigió un cambio de rumbo en la política comunitaria y una “solidaridad vinculante” con los territorios más afectados por este fenómeno.

Con 850 personas fallecidas el pasado año en el intento de alcanzar las costas canarias desde África, según el recuento de la ONU –organizaciones como la ONG Caminando Fronteras eleva la cifra de víctimas hasta 1.851, entre fallecidos confirmados y desaparecidos– y 47 hasta el pasado 11 de abril, cuando se rescató un cayuco on cuatro cuerpos sin vida y 19 supervivientes a bordo al sur de El Hierro –,en la que constituye, hasta este momento, la última tragedia documentada en aguas canarias– organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones coinciden en que se necesita un cambio radical en el abordaje de esta grave crisis humanitaria en la que Canarias se niega a que su papel sea el de hacer de muro contra el que se estrellen las esperanzas de miles de personas mientras se deteriora la convivencia de una sociedad que siempre se ha caracterizado por su talante cosmopolita y solidario.

La sociedad canaria se rebela ante la posibilidad de que el Archipiélago pueda convertirse en una nueva Lampedusa o Lesbos y el jefe de su Ejecutivo, consciente de que esta situación puede afectar de forma muy negativa a su motor económico, el turismo, justo cuando todo parece indicar que se acerca el control de la pandemia y, con él, la reactivación de una actividad de la que depende el sustento de más de la mitad de la población de las Islas, ha decidido liderar la cruzada y “revirarse” ante quien haga falta para que esto no ocurra.