El Juzgado número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha archivado de nuevo el caso sobre el campamento de inmigrantes del muelle del muelle de Arguineguín a petición de la Fiscalía, que sostiene que allí no se cometió delito alguno y que el denunciante, el Ayuntamiento de Mogán, pretendía abrir una suerte de "causa general".
En el informe que ha llevado a la juez al cargo del asunto a archivarlo de nuevo después de que la Audiencia de Las Palmas ordenara practicar unas diligencias complementarias, la Fiscalía niega que en el muelle de Arguineguín hubiera detenciones ilegales, que se obstaculizara el derecho de los inmigrantes a recibir consejo de un abogado o que se perpetrara un delito de "trato degradante".
Sobre las condiciones de hacinamiento e falta de higiene en el muelle de Arguineguín -criticadas por varias ONG y el Defensor del Pueblo, que exigió el cierre del campamento- la Fiscalía concede que "ciertamente (...) no eran las más adecuadas para las personas que son rescatadas del mar y llegan muchas de ellas exhaustas" e, incluso, que "podrían comprometer la dignidad de la persona".
Sin embargo, el Ministerio Público recalca que el delito de trato degradante, en la legislación española, no es colectivo, sino que necesariamente debe individualizarse en víctimas concretas, sin que en este procedimiento se haya presentado supuesto alguno de un inmigrante que recibiera una atención en Arguineguín que le generara "sentimiento de terror o inferioridad", mucho menos "a sabiendas" y con una finalidad "preorientada" a "humillarlo o envilecerlo".
Bajo su criterio, las condiciones que se dieron en ese pequeño puerto del sur de Gran Canaria -donde llegaron a dormir sobre el suelo más de 2.500 personas, durante días, bajo carpas o al raso- "solo demuestran una falta de previsión por parte de las autoridades competentes, que desde luego no son las que gestionaban el muelle" y por las que cree que puede que quepa exigir responsabilidades, pero no "en el derecho penal".
Inicio de la denuncia
Cabe recordar que la alcaldesa Onalia Bueno interpuso su denuncia, el pasado 28 de octubre, cuando había en el interior del campamento 915 personas, de las que 495 dormían al raso, al no haber tiendas para todos. Hasta en ese momento, la mayor cifra que había albergado el muelle era de 1.575 personas.
Bueno denunciaba que se incumplían las normas de obligado cumplimiento para la prevención de la covid-19, que no había camas para ninguno de los inmigrantes, que solo se habían dispuesto 12 duchas, con lo que el acceso a la higiene era muy difícil, y que los cientos de personas allí congregadas compartían 25 baños químicos.
También cuestionaba que los inmigrantes solo recibieran bocadillos como alimentación o que no se les facilitara lavar la ropa y denunciaba que muchas de esas personas habían tenido que soportar "esas durísimas condiciones hasta más de 15 días" en el muelle.
"Efectivamente deplorable", reconocía la juez en su auto, para acabar subrayando que no se aprecia delito alguno en lo que ha ocurrido en el muelle de Arguineguín, ni se ha cuestionado conducta concreta de alguna persona que pueda tener repercusión penal.
La juez entra en detalle sobre el presunto delito que supone que esas personas pasen en el muelle más de las 72 horas que la ley concede a Policía para tomar la filiación a los inmigrantes.
El auto recuerda que, por protocolo sanitario, "no se puede realizar labor alguna, ni administrativa ni judicial, hasta obtener los resultados de las PCR realizadas a los migrantes y, en su caso, seguir la cuarentena o las prescripciones necesarias establecidas por el facultativo que los asiste".
"La libertad ambulatoria, tanto de nacionales como de extranjeros, puede encontrarse limitada por el protocolo a seguir", añade la juez, que observa "una prudente proporcionalidad entre la limitación de dicho derecho fundamental y la salvaguarda de la salud pública".
Y añade que no se ha probado que los inmigrantes que han pasado por ese campamento siguieran en su interior "en contra de su voluntad, ni que se les haya impedido abandonarlo".
En el muelle de Arguineguín, argumenta, las fuerzas de seguridad "realizaban las funciones de protección y salvaguarda que les son propias, pero no existe prueba alguna que acredite que los ciudadanos que se encuentran en dichas instalaciones lo estén en contra de su voluntada y que al intentar abandonar las mismas hayas regresado a la fuerza".
una de aqui | Viernes, 16 de Abril de 2021 a las 15:35:57 horas
Yo tampoco veo delito. Mi abuela que era una señora sabia, decía que el que da lo que tiene no está obligado a más. No nos merecemos y ahora menos con la pandemia, todas las exigencias de estos 27.000 inmigrantes en avalancha que nos han tocado en premio.
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