La justicia española crea alarma social

Los recientes acontecimientos que denotan un mal funcionamiento de la Justicia española, en general, producen en la ciudadanía una sensación de inseguridad y se evidencia alarma social. En diversos artículos periodísticos y comentarios radiofónicos elaborados en los últimos años he enfatizado una y otra vez que no puede existir un estado auténticamente democrático, si no tenemos un sistema judicial firme y eficiente que garantice los derechos de los ciudadanos. Desgraciadamente, en esta joven sistema en el que el poder reside en el pueblo, los dirigente políticos nacionales y los legisladores sufren determinados despistes y, en ocasiones, emplean sus energías en cuestiones que no tienen nada que ver con los "servicios públicos" que deben recibir los habitantes de este país. Precisamente la reforma y mejora de los órganos de Justicia y del Código Penal, o que se apliquen  las leyes que ya tenemos figuran entre las asignaturas pendientes de nuestro estado. No podemos dilatar más esas reformas, en las que naturalmente debe haber consensos y acuerdos, o imperará la ley de la selva. Entonces, ¡adiós Constitución, adiós sueños de libertad, de bienestar, de justicia, de tolerancia y de equidad!. Hay que afrontar diferentes problemas que están relacionados, por una parte, con la estructura y constitución de los órganos de la justicia, con la independencia del poder judicial,y, por otro lado,con la reforma propiamente dicha del Código Penal, con los medios materiales y humanos necesarios para que este servicio funcione y evitar que se acumulen casos, expedientes, procesos, juicios,  o que se comentan errores como el ocurrido recientemente con el presunto asesino de la niña onubense Mariluz Cortés He vivido de cerca la indignación que sentían miles de personas por este lamentable hecho que costó la vida a una inocente criatura. Nadie llega a entender que un juez andaluz haya cometido el error de permitir que un individuo con los antecedentes y la condena que pesaba sobre él, estuviese en la calle y no en prisión cumpliendo su pena. Nadie entiende que en España no exista cadena perpetua para quienes cometan crímenes execrables como el de esta niña, o los que se llevan a cabo casi a diario, debido a la "violencia de género". Nadie llega a entender que a esas personas se les impongan penas de cárcel de unos pocos años, sin dar muestras de arrepentimiento, o sabiendo que no son reinsertables en la sociedad. O que una ley mal interpretada permita ponen en peligro la seguridad y la tranquilidad de las personas honradas, normales y corrientes. Pero existen otras cuestiones relacionadas con la justicia que preocupan a la gente de este país, como por ejemplo, que no se mejore la Ley del Menor; que no se actúe más contundentemente en delitos que tienen que ver con el tráfico; o con la actuación de políticos corruptos; o con el hecho de que haya jueces que dictan sentencias aberrantes, o que hagan una interpretación sesgada o partidista de la ley, sin que se le pidan responsabilidades por sus acciones o su incapacidad para impartir Justicia. O que se produzca, a veces, un cierto corporativismo para encubrir unas actuaciones incorrectas. Los jueces también se equivocan y no deberían ser intocables. Tanto la sociedad como los políticos del país y los profesionales que están al servicio de la Justicia deberían aumentar sus esfuerzos para exigir el Gobierno central la ansiada reforma de este poder, cuestionado más que nunca por los ciudadanos. Por otro lado, de nada de vale tener unas fuerzas de seguridad muy entrenadas y que luchan incansablemente contra la delincuencia, si después los que infringen la ley no reciben un castigo ejemplar; o se ven beneficiados por esos jueces iluminados, o con vocación estelar que suelen haber por ahí. Creo que ha pasado la hora de que la Justicia en España deje de ser un cachondeo, como decía el ex-alcalde de Jerez, Pedro Pacheco.