Morales denuncia en el Senado el sobrecoste y las necesidades de la insularidad con 700 millones de euros menos que otras comunidades

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado en el Senado los inconvenientes que conlleva la insularidad, con 700 millones de euros menos que otras comunidades, además de diversos asuntos que afectan a la isla como la crisis turística y la migración.

En su intervención en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, Morales ha recordado que el carácter de región ultraperiférica supone un sobrecoste de 5.200 millones de euros al año para empresas.

Gran Canaria, ha dicho, se siente "desconsiderada y olvidada", porque "no se está teniendo en cuenta su singularidad, ni tiene respuestas políticas a legítimas demandas".

Entre los datos que ha compartido el presidente insular, ha hablado de "700 millones de euros al año", que "adecuadamente invertidos hubiesen permitido tener una sanidad, una educación y, en general, unos servicios públicos mucho mejores, así como generar empleo y avanzar en la diversificación del modelo económico".

A pesar de que la aprobación del REF establece que estos recursos no son computables en el Sistema de Financiación Autonómica, se siguen produciendo "enormes déficit en las inversiones" y "un mayor coste por la insularidad para empresarios locales y ciudadanía".

En esta línea ha recordado que continúan los "incumplimientos económicos”, porquem “si la lejanía y la insularidad son elementos aceptados constitucionalmente e integrados por la Unión Europea, tienen que asumirse sin contradicciones o vacilaciones”.

Este perjuicio se agrava con la pandemia de la covid-19 que "incide precisamente en las debilidades estructurales que arrastra la isla, desde la dependencia del sector turístico o la vulnerabilidad medioambiental frente a los efectos del cambio climático".

La dependencia del turismo, que genera un 35% del PIB y un 40% del empleo en la isla, ha sido otro de los asuntos principales de la intervención de Morales porque en esta crisis de cero turístico ha derivado en "paro, pobreza, miedo e incertidumbre" en buena parte de la población, según ha dicho.

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en Gran Canaria ha disminuido en 1.275, se experimenta un desplome del 75% de la llegada de turistas, y se ha cerrado más de la mitad de las plazas de la planta alojativa, que ha conllevado que haya 20.000 personas más en paro.

Este problema solo se salva "con recursos y medidas" porque el archipiélago necesita un Plan de Rescate Económico además del específico de turismo “largamente anunciado y muy poco concretado”.

El reparto de los fondos "no se debe hacer solo atendiendo a un criterio poblacional", ha advertido, porque se "debe tener en cuenta la dimensión real y la afección de la crisis" a los sectores económicos y ciudadanía.

La recuperación económica, ha subrayado, "no es volver a lo de hace un año, precisa renovar el modelo económico".

En cuanto a la crisis migratoria ha recordado que Canarias ha recibido 23.000 migrantes en menos de un año, a quienes "se les impide salir con controles raciales ilegales a pesar de tener pasaporte" por lo que aunque "a veces se ponen orejeras y defienden lo indefendible", la realidad "es la que es" y nadie "la podrá esconder".

Gran Canaria "está viviendo un problema serio al que no se ha dado respuesta", y ha sido "muy mal gestionado" por el Gobierno de España.

Esto ha generado "alarma social" y que la extrema derecha "lo haya querido utilizar para generar miedo, que conlleva odio, xenofobia y racismo".

En esta línea, ha pedido "un sistema de acogida digno, derivaciones y políticas para no convertir Gran Canaria en una cárcel como Lesbos o Lampedusa".

También ha aprovechado su intervención en el Senado para recordar que la Corporación ha presentado proyectos a los fondos europeos por valor de 1.700 millones de euros, en materia de energía, conocimiento, soberanía energética y alimentaria, movilidad, el proyecto Isla Inteligente, entre otros.

Además, ha recalcado la importancia del debate porque "hay un enorme desconocimiento en el conjunto del Estado de la realidad de Canarias", el REF, la condición de región ultraperiférica y el papel de los cabildos.

Es positivo, por tanto, que estos debates "lleguen a las diferentes administraciones políticas" para que conozcan la "singularidad" y cómo en las últimas décadas "ha habido un diferencial en relación a otras comunidades que ha sido enorme".