Canarias convierte la crisis migratoria en un asunto de Estado

A pesar de que la llegada de pateras a las Islas se ha reducido notablemente en este inicio de 2021 con respecto a lo que se venía registrando el año pasado, Canarias aún mantiene muchos cabos sueltos pendientes por resolver en lo que a la crisis migratoria se refiere, empezando por las derivaciones y repatriaciones de los miles de migrantes que aún permanecen acogidos en los distintos campamentos habilitados por el Gobierno central, sin olvidar tampoco los 2.600 menores extranjeros no acompañados que el Ejecutivo regional tutela a la espera de que otras Comunidades Autónomas se ofrezcan a colaborar en su acogida. El Ejecutivo regional insiste en demandar la ayuda de otras regiones, convirtiendo la crisis migratoria en un asunto de Estado para provocar una reacción lo antes posible.

A ello se suma la necesidad de la implicación de las instituciones europeas en la gestión y solución del problema, una cuestión que el presidente canario, Ángel Víctor Torres, pondrá sobre el tablero político este lunes, durante su intervención en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, en la que expondrá la situación que atraviesan las Islas y la exigencia de una respuesta comunitaria contundente.

Canarias continúa desbordada ante la falta de recursos propios con los que atender el fenómeno migratorio. Las históricas cifras de llegadas en 2020, que alcanzaron las 23.023 en total, pusieron en serios aprietos a los servicios de emergencia y de salvamento de las Islas, que en muchas circunstancias se vieron superados por los acontecimientos. El Archipiélago se vio incapacitado para atender un alza del 756,8 % en las llegadas irregulares frente a las registradas en 2019. Desde la crisis de los cayucos de 2006 Canarias no vivía un drama humanitario tan desolador como este.

No obstante, tal y como reconoció durante su intervención en el Senado de la semana pasada el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, “las circunstancias actuales son distintas a la crisis de 2006. Entonces la mayoría de los migrantes fueron deportados. En el 2007, de 12.000 personas que llegaron a Canarias, 10.000 fueron deportadas. Hoy hay dificultades para hacerlo por el cierre de los espacios aéreos”. Dichas complicaciones, derivadas de la crisis sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19, implicaron que en 2020 solo 480 migrantes de los 23.000 arribados fuesen deportados a sus países de origen, según datos del Ministerio del Interior.

Por otro lado, en todo el año pasado 2.168 migrantes fueron derivados del Archipiélago a la Península por formar parte de colectivos vulnerables. Este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que su departamento solo trasladará a Península a migrantes vulnerables y susceptibles de protección internacional, desatando la crítica por parte de distintas fuerzas políticas canarias, que reclaman mayores derivaciones para ayudar a liberar a las Islas de toda la carga migratoria que viene padeciendo casi de forma exclusiva desde 2020.

A estas alturas de 2021, cerca de 3.000 migrantes han desembarcado en las costas canarias, lo cual se traduce en un 10 % menos de entradas irregulares que en el mismo periodo del pasado año. De todos ellos, 150 corresponden a los primeros quince días del febrero, reflejando una más que evidente disminución frente a las cifras de los últimos meses de 2020, cuando en noviembre, por ejemplo, llegaron 8.100 migrantes a las Islas. Actualmente aún permanecen en los campamentos de acogida de la región miles de migrantes que no cumplen con los requisitos de asilo.

La enorme tensión dentro de dichos centros entre los propios migrantes ha causado numerosos altercados en las últimas semanas a raíz de las condiciones de las instalaciones y la imposibilidad de abandonar el Archipiélago hacia otros destinos. A la espera de que su situación se resuelva, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunciaba este mismo viernes que ya había concluido de acondicionar nuevas instalaciones en las Islas que puedan acoger a los migrantes restantes que aún no han abandonado los complejos turísticos. Una red que, aseguraba, se completará esta misma semana con la apertura del campamento de Las Canteras, en Tenerife, y una nave cedida por Bankia en una zona industrial de la capital grancanaria.

El último campamento habilitado la semana pasada fue el de El Matorral, en Fuerteventura, con capacidad para 700 personas. Cabe destacar, además, que 2.600 menores extranjeros no acompañados, el 25 % del total a nivel nacional, continúa en Canarias bajo el tutelaje del Ejecutivo regional.

Torres pidió la semana pasada “corresponsabilidad” y “una mayor cuota de participación” en la acogida de estos menores al resto de Comunidades Autónomas en la Cámara Alta, consciente de la imposibilidad de mantener más tiempo a tantos de ellos en el territorio insular. Este lunes hará lo propio ante la Unión Europea, si bien precedentes como los de Lesbos o Lampedusa no invitan a ser muy optimistas con la sensibilidad comunitaria.