Los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV han llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo de Administración de RTVE. Los partidos han acordado que el nuevo presidente de la Corporación será José Manuel Pérez Tornero y han nombrado a los diez consejeros del ente, dejando fuera a Francisco Moreno, administrador único de Radiotelevisión Canaria y candidato a presidir RTVE.
Moreno era uno de los aspirantes a presidir RTVE mejor valorados tanto por los socios del Gobierno de coalición como por la oposición. Su experiencia al frente de Radiotelevisión Canaria como administrador único, además de su paso previo por RTVE y Antena 3, le avalaban como un firme candidato a relevar a Rosa María Mateo, que acumulaba ya más de dos años como administradora única provisional.
Sin embargo, el pacto entre PSOE y PP, con el beneplácito de Unidas Podemos y PNV, posicionará a José Manuel Pérez Tornero como el nuevo presidente de la corporación pública, dejando a Moreno fuera del Consejo de Administración, que estará formado por otros nueve consejeros, entre los cuales se encuentran Ramón Colom Esmatges, Elena Sánchez Caballero, Concepción Carmen Cascajosa Virino, José Manuel Martín Medem, Roberto Lakidaín Zabalza, María Carmen Sastre Bellas, Jenaro Castro Muiña, María Consuelo Aparicio Avendaño y Juan José Baños Loinaz. Moreno se mantendrá como administrador único de Radiotelevisión Canaria.
El Congreso votará este jueves los seis vocales del Consejo de Administración que le corresponde designar y el proceso culminará con la votación de los cuatro miembros que elegirá el Senado. Félix Bolaños, secretario general de Presidencia, y Teodoro García Egea, secretario general del PP, han ejercido un papel determinante para lograr el acuerdo, que desestima el concurso público aprobado en 2018 que exigía que el nuevo presidente de la Corporación fuese el candidato que contase con mayor puntuación.
Por último, los partidos políticos continuarán negociando en los próximos días para facilitar el desbloqueo de los órganos constitucionales e institucionales cuya renovación está pendiente o habrá de acometerse en próximas fechas, como son el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos.
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