FSC-CCOO denuncia una nueva agresión en Las Palmas II por la falta de protección y protocolos

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) denunció este jueves una nueva agresión, esta vez a dos funcionarios, por parte de un recluso en el centro penitenciario de Las Palmas II, en Juan Grande. El sindicato señala que hechos como este, cada vez más reiterados, ponen de relieve la falta de protocolos así como la indefensión de muchos profesionales que tienen que tratar sin apenas recursos, con muchos internos.

Los hechos sucedieron a la hora del recuento en el módulo 11, cuando el recluso se hizo con una palo de escoba y, partiéndolo en dos, lo utilizó en forma de pincho contra los funcionarios. A uno de ellos le produjo una fractura en la nariz, mientras el otro presentó contusiones por todo el cuerpo. En este módulo se ubican muchos internos reincidentes y conflictivos, por lo que el sindicato no entiende cómo tan solo dos funcionarios pueden estar al cargo de 95 internos.

A pesar de la reiteración, señala FSC-CCOO, Instituciones Penitenciarias carece de un protocolo eficaz para prevenir y reducir las agresiones que sufre el personal penitenciario. Sólo las agresiones físicas graves e intencionadas se castigan en la vía penal, pero los insultos, las amenazas y la agresión física no dolosa están excluidas de cualquier acción preventiva y judicial.

FSC-CCOO defiende que se aplique la Ley de Prevención a las agresiones al personal penitenciario por parte de los internos, el actual protocolo PEAFA deja a este personal si esa protección y sin la aplicación de la Ley al personal de vigilancia de las prisiones.

El sindicato tiene acreditado que las agresiones se pueden evitar, y no seguir aumentando como actualmente, para ello se necesitan los recursos humanos que acaben con que un solo funcionario este solo dentro del módulo,  formación específica, un protocolo eficaz de prevención de riesgos laborales frente a las agresiones y estrategias y medidas encaminadas a dar una respuesta global al grave problema de las patologías psiquiátricas en prisión.

Así piden que se aborde actuaciones de educación, de prevención, asistencia y rehabilitación, tanto para las personas privadas de libertad que sufren una enfermedad mental como para las familias, incluyendo, por tanto, aspectos sociales, familiares, etc., así como medidas de tratamiento médico alternativas a la prisión aplicando la legislación vigente en los casos que termina la Ley.