Denuncian que "el Gobierno ha cruzado líneas rojas intolerables con los migrantes"

La complicada situación derivada de la crisis migratoria tanto en Canarias como en Melilla ha propiciado que numerosos colectivos y organizaciones hayan elevado la voz en los últimos meses para denunciar la vulneración de derechos de quienes llegan a dichos territorios. Desde Irídia, en colaboración con otras entidades sociales e investigadores, se ha elaborado el informe 'Vulneraciones de derechos en la Frontera Sur: Canarias y Melilla' para denunciar estos hechos. Andrés García Berrio, uno de sus autores, afirma que “es muy importante visibilizar la situación” en ambos destinos, donde “el Gobierno español ha cruzado líneas rojas intolerables”.

Este informe, fruto de una investigación que analiza el fenómeno migratorio en el marco de la pandemia de la Covid-19 y la situación concreta que se vive en la Frontera Sur, será trasladado al Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, así como al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, con el objetivo de exigir la intervención de los organismos internacionales competentes en la materia. Asimismo, será entregado al Gobierno central, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo y a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Berrio apunta que “es muy importante visibilizar la situación en Canarias y en Melilla. No tiene ningún sentido lo que llevamos viendo desde julio y esta situación debe ser investigada, como lo vivido en el campamento de Arguineguín”, y añade que “el Gobierno español ha cruzado líneas rojas intolerables”. Opina que la crisis “debe gestionarse desde la lógica de los derechos humanos” y ante los recientes movimientos xenófobos responde que “queremos actualizar la sociedad que tenemos, aunque somos conscientes de que va a costar muchos años”.

Daniela Lo Coco, investigadora de la Universidad de Deusto, critica que persista y se haya incrementado en 2020 “la tendencia europea a crear espacios de contención o bloqueo, como ha sucedido en Canarias”. Recuerda la experiencia vista en Lampedusa, la cual “lamentablemente hoy vemos en las Islas”. Señala que estos espacios “crean agujeros negros de derechos fundamentales” y que “son consecuencia de las políticas migratorias actuales”.

Desvela que los centros donde se albergan a los migrantes “se caracterizan por la inseguridad y las condiciones de insalubridad” y que “el bloqueo que sufren tiene altas consecuencias psicológicas”. Sobre el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo señala que “no plantea soluciones, sino que acentúa viejos aspectos, como en las deportaciones”, por lo que considera que “estamos en un momento crucial para exigir que se respeten los derechos humanos de quienes llegan a la Frontera Sur”.

Por su parte, el activista Sani Ladan quiso poner el foco de la problemática migratoria en los países de origen, subrayando que “lo que sucede en Canarias es solo la punta del iceberg”. La dependencia de la pesca de determinados países africanos, como Senegal, presenta un problema y una oportunidad al mismo tiempo. “En noviembre, la UE renovó sus acuerdos de pesca con Senegal, beneficiando a empresas españolas”, detalla, agregando que “la mayoría de los jóvenes senegaleses en Canarias antes trabajaban en el sector pesquero en su país”.

Igualmente, asegura que “la inestabilidad en la zona del Sahel genera inseguridad y empuja a la gente a abandonar sus hogares”. Por último, lamenta los numerosos “naufragios invisibles” en la Ruta Canaria, “la más mortífera de todas”, donde se ha producido un ascenso en el número de víctimas de hasta 2.700 personas.

Patricia Fernández, abogada, denuncia que “Canarias consolida una política de bloqueo y de vulneración de derechos humanos en la Frontera Sur”, y que dicha política “se hace a través de la creación de espacios de excepcionalidad jurídica, como en el famoso ‘campamento de la vergüenza’ de Arguineguín y en el CATE de Barranco Seco”. Recalca que “los espacios de detención en todo el territorio nacional se reducen a 72 horas, salvo en Canarias, donde hemos entrevistado a personas que estuvieron retenidas hasta 10 días”.

Entre las distintas vulneraciones de derechos a los migrantes llegados a las Islas incide en que “se les imposibilita contactar con los familiares, no tienen ropa limpia, mantas, acceso a duchas ni suficiente comida ni bebida”; hechos que “conducen a un flagrante ataque a la dignidad”. Además, “las medidas sanitarias de la Covid-19 no se respetan en estos espacios de retención” y critica que “la pandemia es la excusa para bloquear a las personas en Canarias”.

María Vieyra, del Servicio Jesuita Migrante, expone como problemas añadidos que las pruebas de ADN para comprobar el vínculo entre padres e hijos migrantes tardan meses en completarse y que los menores acaban en la calle desprotegidos al cumplir la mayoría de edad. Con respecto a la situación en Melilla, explica que “es una ciudad a la que cuesta mucho llegar y de la que resulta muy difícil salir. Las personas quedan varadas a la espera de que las autoridades determinen su futuro”. Uno de los motivos de tal escenario es que “el Ministerio del Interior decidió bloquear al máximo el traslado de los migrantes a la Península”.