El turismo de Gran Canaria dañado por la negligente gestión de la inmigración ilegal

La Cámara de Comercio de Gran Canaria ha instado a las autoridades a que "aceleren" el traslado a campamentos de los inmigrantes que ahora están alojados en complejos hoteleros y advierte de que la "negligente" gestión de este fenómeno está dañando la imagen del destino turístico.

En un comunicado, la Cámara asegura que sigue "con enorme preocupación el reciente fenómeno de la inmigración en la isla y en el archipiélago en general", así como el "negativo efecto" que, a su juicio, tiene sobre "la actividad económica, empresarial y de seguridad ciudadana.

Este organismo empresarial es consciente de que algunos inmigrantes huyen de situaciones de drama social y buscan mejorar sus condiciones de vida, pero sostiene que "al amparo de ello se generan situaciones conflictivas".

"La llegada masiva y continua de inmigrantes ilegales a las islas ha sido tratada por las autoridades responsables de forma negligente, descoordinada e impropia de una región de un estado de derecho", opina, para después advertir de que ese manejo del fenómeno "convierte el problema social de la inmigración en un enorme problema empresarial y de seguridad ciudadana de incalculables consecuencias económicas futuras".

Desde su punto de vista, la difusión de algunos incidentes atribuidos a los inmigrantes "no sólo está suponiendo un problema de seguridad para la ciudadanía, sino también está perjudicando gravemente la imagen de nuestro destino turístico".

Por ello, la Cámara de Comercio emplaza por ello a las administraciones a que "aceleren el realojo de los inmigrantes fuera de los establecimientos alojativos turísticos, donde nunca tenían que haber estado, como paso previo a la adopción de medidas definitivas conforme a las disposiciones legales en materia de inmigración ilegal".

Ante el colapso de la red de acogida humanitaria, unos 7.000 inmigrantes han llegado a ser alojados en Canarias en establecimientos turísticos que estaban cerrados y sin actividad por la crisis, lo que ha permitido a sus propietarios, en varios casos, sacar a sus plantillas de los ERTE y seguir facturando con sus proveedores locales.