Jaque a la imagen turística de Mogán y Maspalomas

La inmigración irregular provocada por la solidaridad del Gobierno central con los más “vulnerables” pone en peligro el futuro de Gran Canaria, una isla que vive del turismo.

San Bartolomé de Tirajana y Mogán, dos de los municipios turísticos por excelencia, sufren su mayor decadencia producida por el coronavirus, y una preocupante imagen tras la invasión de los inmigrantes ilegales.

La mala gestión del Gobierno de Canarias no ha hecho más que empeorar las cosas. La zona más afectada de Maspalomas es Sonneland, testigo del desorden que se vive a diario.

Más de la mitad de los ilegales son magrebíes que se dedican a deambular por las calles e incomodar a los ciudadanos con una actitud chulesca y desafiante.

En declaraciones a este periódico,  anuncian que están “cansados de tanto buenísimo y de vivir inseguros”, pues los inmigrantes suelen intimidar a las mujeres, un hecho que se repite con frecuencia hasta tal punto de arrimarse a los coches “y no dejar que te bajes”.

Pero la presión crece cuando un coche “polo negro” se acerca a vender estupefacientes en los establecimientos donde se alojan “pasamos a diario y lo vemos” aseguran.

En lo que va de año se han producido numerosos actos delictivos, lo que ha generado un pie de guerra en la población por el descontrol existente.

Los vecinos entienden que hay una crisis migratoria pero apuntan que hay otros sitios más adecuados para alojar a los migrantes, en vez de recurrir a los complejos turísticos que están cerca de sus viviendas.

Según informan, todos los días compran mucho alcohol alrededor de las 19:00 horas, antes de la cena. Por supuesto las botellas de cerveza y vodka, las pasan a través de las verjas para que el vigilante de la entrada no se percate, tanto es así, que en el supermercado “reponen alcohol a diario”.

Además tienen suficiente para abastecer más que sus necesidades. Cada día pasean en grupo con bolsas de marca llenas de ropa, cuales turistas en una época de crisis para los canarios.

Por su parte, los subsaharianos se mantienen al margen y no originan disputa alguna, utilizan el dinero para comprar alimentos.

La Cruz Roja visita los complejos durante la mañana y por la noche pero hay una clara desigualdad, “se ve que los subsaharianos sufren carencias”.

Poco se sabe de las autoridades competentes. El objetivo no es otro que desmantelar estos hechos pero existe una ausencia por parte de la Policía.

Mientras tanto, los vecinos no tienen un lugar para pasear con comodidad y acusan a la prensa de suavizar lo que está pasando “nadie nos da voz, es muy fácil tacharnos de racistas”.

Cabe destacar, que la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johanson, dejó clara su postura en compañía de Grande-Marlaska el pasado 6 de noviembre. “Las personas que no necesitan la protección internacional, los inmigrantes económicos, deben ser devueltos a sus países”.