Derechos Sociales pide reforzar la vigilania ante los altercados causados por inmigrantes ilegales

La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario ha pedido que se aumente el personal que atiende a los menores inmigrantes en los dispositivos de emergencia, ante los altercados que se han producido en Mogán (Gran Canaria), y ha pedido a la Policía Canaria que refuerce la vigilancia.

En un comunicado difundido este jueves, la Consejería ha hecho un llamamiento a la calma y ha indicado que se trata de hechos aislados y que no representan a la mayoría de los menores.

Según ha informado, el Gobierno de Canarias tutela en estos momentos a 2.524 menores (538 se encuentran en recursos gestionados por los cabildos insulares y 1.986 están en los 25 dispositivos de emergencia que se han habilitado al efecto desde enero de 2020).

Desde la consejería de Derechos Sociales se indica que es una obligación legal del Gobierno regional la guarda y tutela de estos menores, pero ha advertido de que ante posibles hechos delictivos se actuará con "toda contundencia", poniendo siempre en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la autoridad judicial cualquier tipo de actuación que contravenga la ley.

Derechos Sociales precisa que solo le consta la detención de un menor que el pasado martes supuestamente generó un incidente en uno de los dispositivos que se encuentran en el municipio de Mogán y añade que "no hay registro de más denuncias ni detenciones de menores inmigrantes no acompañados".

Aún así, y ante la posible preocupación de la sociedad ante algunos de estos hechos, la Consejería ha solicitado a las entidades colaboradoras que gestionan estos centros que refuercen sus plantillas –que en estos momentos mantienen una ratio de 1 profesional/educador social por cada 10 menores-, y ha pedido a la Policía Canaria que refuerce la vigilancia en las inmediaciones de los dispositivos de emergencia.

Asimismo, el Gobierno de Canarias quiere recordar que estos centros son abiertos y que los menores pueden salir a la calle al no tratarse de centros de retención ni de internamiento y que sobre estas personas no recae ninguna medida judicial al no haber cometido ningún delito.

En la nota se explica que los menores no acompañados mantienen en estos centros una rutina como la de otros chicos que se encuentran en la red de protección de los cabildos insulares.

Los jóvenes reciben formación específica como alfabetización, costumbres, formación profesional o escolarización en centros de enseñanzas ordinarios y realizan actividades deportivas y de ocio y tiempo libre, acompañados por especialistas en educación social.

Derechos Sociales ha incidido en que en enero de 2020 Canarias tutelaba a 540 menores inmigrantes, por lo que se ha producido un incremento del 367 %, lo que ha obligado a abrir 25 dispositivos de emergencias que gestionan entidades colaboradoras, 15 en Gran Canaria, ocho en Tenerife y dos en Fuerteventura.