La incompatibilidad

La incompatibilidad según el Derecho Constitucional, se define, como el "Impedimento jurídico de quienes desempeñan cargos públicos representativos o de relevancia política (diputados, senadores, miembros del Gobierno, Defensor del pueblo, altos cargos de las administraciones, consejeros, concejales, etc.) de desempeñar simultáneamente otro cargo o actividad, pública o privada". Si los cargos simultáneos están retribuidos el delito en que se incurre es bastante mayor. En estos momentos en el municipio de San Bartolomé de Tirajana se está incurriendo en un supuesto delito -valga la redundancia- de estas características, con el agravante que el sujeto que está inmerso en el mismo es un conocido abogado de la zona llamado Francisco Peñate, que al parecer ha venido percibiendo de las arcas municipales dos sueldos, uno como concejal con dedicación exclusiva y otro más como asesor jurídico del ayuntamiento, que suponemos que conociendo la ley por su condición de jurista debería saber que puede estar incurriendo en un delito tipificado en el Código Penal como "malversación de fondos públicos". El señor Peñate no puede aducir desconocimiento de la Ley ya que es abogado, y aunque así fuera el derecho español dice "que el desconocimiento de los preceptos legales no eximen de la pena". Hay que reconocerle al señor Peñate una cierta honradez al dimitir de uno de sus cargos por esto de la incompatibilidad, y digo cierta, pues no en vano ha estado percibiendo esos emolumentos a sabiendas que eran ilegales durante bastantes meses, ahora ante la querella que le han interpuesto da marcha atrás, tratando de redimirse o de acallar una irregularidad que él sabe que es constitutiva de delito. En este aspecto la aplicación de la Ley debería ser igual para todos, y la misma no debiera inhibirse en estos casos sancionando estas irregularidades o delitos con la severidad necesaria para evitar que los mismos se cometan con gran profusión y que constituye un signo más de la corrupción emergente que estamos sufriendo en nuestro país con especial incidencia en muchos ayuntamientos de todo el territorio nacional. Estimo que para que la exoneración del Sr. Peñate no sea cuestionada, este debería devolver hasta la última peseta de cuanto ha recibido de manera improcedente. Es posible que también exista un delito de complicidad por parte de los regidores municipales que han permitido que estos pagos se hayan hechos efectivos a sabiendas que no se ajustaban al Derecho otorgando impunemente unos beneficios dinerarios de dudosa legalidad, dualisando el pago de los mismos. Pienso que los órganos competentes en esta materia, deberían habilitar una serie de inspecciones periódicas a las diferentes instituciones de la administración local con el fin de evitar que estas cosas ocurran. Las incompatibilidades y las inelegibilidades, son bastantes frecuentes en España y la culpa de que las mismas persistan las tienen las autoridades que por una serie de circunstancias las cuales no le son ajenas permiten que esto ocurra, quizás el nepotismo existente por parte de las mismas o el amiguismo, hace que un alcalde o alcaldesa beneficien a una determinada persona permita subprecticiamente que esto ocurra, lo que la convierte en la responsable subsidiaria del delito cometido, debiendo también ser sancionada aplicándole la pena correspondiente con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Estos apaños que rompen la dignidad de las instituciones deberían ser sancionados con todo el rigor que la ley permita. No se pueden otorgar de manera indiscriminada favores de estas características, máxime cuando se sabe que el mismo es ilegal, pero estos apaños suelen ser desconocidos por los administrados, que desconociendo la existencia de tales gatuperios, ya que los mismos se cuecen dentro de la institución, no pueden denunciarlos; sin embargo el caso del Sr. Peñate ha sido denunciado por alguien que conocía la existencia del posible delito de incompatibilidad y lo ha hecho publicó llevándolo a los tribunales de justicia los cuales deberán ahora aplicar la ley, en evitación de que estos execrables actos se vuelvan a repetir, involucrando no solo al Sr. Peñate principal protagonista de la comisión del posible delito sino también a quien ha permitido que el mismo haya ocurrido, sancionando rigurosamente a cuantos hayan intervenido en la posible irregularidad.