España ha enviado al Aaiún a 20 policías nacionales y guardias civiles para cooperar en la lucha contra la migración ilegal. Las unidades españoles viajaron de incógnito (sin uniformes) el miércoles, 25 de noviembre de 2020, en un vuelo de la compañía Royal Air Maroc (RAM), con salida desde Gran Canaria a las 19.50 horas, y destino a Casablanca previa escala en El Aaiún.
El Aaiún es la capital administrativa del Sáhara Occidental, y está considerada la base operativa de Naciones Unidas (Minurso) para el acuerdo de paz entre Marruecos y el Frente Polisario, firmado en 1991.
El grueso de la operativa de la migración ilegal vascula entre el Norte de Mauritania y gran parte del Sáhara Occidental, disimulada en operaciones comerciales a través del mayor desierto del planeta.
La guerra declarada en noviembre de 2020 por el Polisario, por detrás del muro de arena levantado por Marruecos a lo largo de 2.700 kilómetros de desierto, ha obligado a reajustar los presupuestos y los destacamentos militares y de gendarmería hacia otros objetivos, como la seguridad de la población civil y la minimización de las protestas saharauis partidarias de la independencia.
Los policías españoles asesoran y colaboran con la gendarmería marroquí, como ha ocurrido en años precedentes, en operaciones internacionales con otros Estados de África Oeste, como Mauritania, Senegal o Gambia, aunque los programas de vecindad en materia migratoria y lucha contra el crimen organizado, siempre han contado con la supervisión de las Fuerzas Armadas en uno de los países clave en el tráfico de personas, Guinea Bissau.
El desplazamiento de policías a Marruecos forma parte de los acuerdos adoptados en la reunión bilaterales entre los ministerios del Interior, el 6 de noviembre de 2020, que contó con la participación del titular español, Fernando Grande Marlaska.
Marruecos admitió al mandatario español que la prioridad del Gobierno se centra en controlar el Covid, debido a los riesgos sanitarios de la población ya que la red de hospitales o ambulatorios carecen de instrumental básico, sobre todo, de respiradores, además del alto coste que supone para el país la adquisición de medicamentos y mascarillas, además de vacunas contra el coronavirus.
El rey marroquí, Mohamed VI, firmó un decreto, en noviembre de 2020, que obligará a vacunar toda la población alauita y bereber, formada por unos 36 millones de personas.
Marruecos dispone del triple de PIB que Canarias (unos 120.000 millones de euros anuales) pero la renta per cápita es muy inferior, con 3.000 euros por habitante frente a los 19.000 de los canarios, lo que implica que los esfuerzos presupuestarios priman la sanidad y la defensa. El año 2021, además, se celebrarán elecciones generales en Marruecos, lo que significa que se moverán millones de euros en garantizar la salud democrática de los comicios.
La abultada deuda exterior (en torno al 70% del PIB) dificulta, además, los objetivos policiales para combatir el control de las costas. “Es una misión imposible“, según fuentes de los servicios de control marroquí residentes en Las Palmas.
La franja oceánica del país vecino forma un cordón de 3.000 kilómetros, pero desde Agadir hasta Mauritania (incluyendo los 1.100 kilómetros del Sáhara), la distancia es tan vasta como un trayecto de Gran Canaria a Madrid.
La Policía española recabará datos de última hora sobre la composición de los traficantes disponibles en las bases de las fuerzas de seguridad marroquí, con el fin de ampliar la base de datos en los mercados de destino de la migración clandestina, como Canarias, convertido en el eje de la nueva ruta Atlántica hacia Europa continental.
España compartirá también a Marruecos los protocolos de grandes proyectos internacionales, que van desde la información obtenida en los programas militares de Mali (junto a Francia) o en los foro del Sahel 5, presidido durante el periodo vigente por la ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya.
La cooperación de ambos países contra la migración irregulares incluye, además, la visualización de un nuevo mapa de movimientos de las embarcaciones, con el fin de transferir parte de la información a los servicios de vigilancia europeos, con sede en Canarias, como el Sive (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) o el Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas).
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