Un juzgado de San Bartolomé investiga la situación del campamento de Arguineguín

El Juzgado de Instrucción número dos de San Bartolomé de Tirajana ha abierto una investigación sobre la situación del campamento de atención a migrantes ubicado en el muelle de Arguineguín y en el que en las últimas jornadas han llegado a hacinarse hasta 2.700 personas a pesar de que su capacidad máxima ronda las 400. En la mañana de este viernes, la magistrada, representantes de la Fiscalía y agentes de la policía judicial de la Guardia Civil se han personado en las instalaciones gestionadas por la Cruz Roja para investigar las condiciones en las que se encuentran los migrantes, a consecuencia de la denuncia presentada el pasado mes de octubre por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.

Esta actuación coincide con la visita de los ministros de Migraciones, José Luis Escrivá, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a Gran Canaria para anunciar medidas con las que paliar la crisis migratoria que soporta el Archipiélago. En lo que llevamos de año, más de 17.000 migrantes irregulares han arribado a las costas de Canarias, más de la mitad en los últimos dos meses. La mayoría de las llegadas se ha concentrado en Gran Canaria, donde el pasado mes de julio se levantaba un campamento de atención de emergencia en el muelle de Arguineguín, convertido en epicentro receptor de esta ola migratoria.

En esas instalaciones, gestionadas por Cruz Roja y bajo responsabilidad del Ministerio del Interior, se evalúa el estado de los recién llegados –lo que incluye la práctica de pruebas de detección de la Covid-10– y se procede a su identificación para, en un plazo máximo de 72 horas, derivarlos a otros recursos de acogida del Estado. Sin embargo, tal y como han constatado varias organizaciones humanitarias internacionales o el magistrado responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, este plazo no se está respetando y muchos migrantes han permanecido varias semanas en el muelle en condiciones infrahumanas.

La masiva llegada de pateras y cayucos del último mes y medio ha terminado de saturar las instalaciones, que el pasado martes –cuando la policía desalojó a 227 personas sin proveerlas de alojamiento alternativo, agua o comida– llegaban a contabilizar más de 2.700 migrantes en su interior. Desde entonces, la cifra se ha reducido hasta alrededor de 1.600 (en la noche de este jueves), después de que el Ministerio del Interior ordenara la apertura de otro campamento de atención temporal levantado por el Ministerio de Defensa en Barranco Seco, a donde se trasladaron 400 migrantes, mientras que otros grupos fueron realojados en complejos turísticos.

La investigación abierta por el Juzgado de San Bartolomé de Tirajana tras una denuncia presentada por la alcaldesa de Mogán pretende comprobar las condiciones en las que se encuentran los migrantes acogidos en el muelle y si se han vulnerado sus derechos humanos durante su estancia en el mismo. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), las diligencias han sido practicadas por una comisión judicial encabezada por una de las magistradas al mando del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana.

Onalia Bueno presentó el pasado octubre una denuncia para pedir que se depuren las responsabilidades penales en las que cree que puede estar incurriendo el Gobierno central por su "inacción" en el campamento del muelle de Arguineguín y la vulneración de los derechos de los inmigrantes allí acogidos. Según indica el TSJC, la inspección ocular de este viernes levantó acta de la situación y en su momento se tomará la decisión que considere oportuno en el cauce de la investigación judicial en curso. Por el momento, detalla el Tribunal se trata de diligencias indeterminadas en las que el presunto delito que se ha podido cometer todavía no ha sido determinado.

La actuación judicial coincide con la presencia del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, en Gran Canaria para presentar un plan migratorio con el que el Estado pretende aliviar la presión que soporta el Archipiélago, mientras el Gobierno canario insiste en que las derivaciones de migrantes hacia la Península –donde el 60% de sus recursos de acogida se encuentran disponibles– y el resto de la Unión Europea son la única forma inmediata de aliviar la situación mientras se trabaja en los países de origen para cortar el flujo migratorio irregular.