El Consejo de Vecinos del Castillo del Romeral anunciaron hoy que el lunes denunciarán en los juzgados, ante el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno regional la ilegalidad de las obras de la segunda cárcel de Gran Canaria.
Esta actuación, que se lleva a cabo "a la entrada de Maspalomas" es ilegal, a juicio de los vecinos, porque no cuenta con permiso del Ayuntamiento, porque los terrenos en los que se ejecuta son propiedad del Gobierno de Canarias y porque "todavía persisten las concesiones para el uso agrícola de estas parcelas", indicaron en un comunicado.
El Consejo de Vecinos del Castillo del Romeral recordó que el pasado 1 de marzo mil personas, entre ellas miembros de partidos políticos y otros colectivos, secundaron la manifestación convocada con el lema "No a la cárcel. No a la regasificadora. Por una fecha de cierre del vertedero y por el control de emisiones de la central térmica".
En función de la "legitimidad" que, en su opinión, le da el apoyo de todos los manifestantes, al que se suma el del propio Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Consejo solicitó "que se pongan todas las trabas burocráticas posibles a la concesión de las licencias de obra de los proyectos de estas infraestructuras", que los vecinos de Castillo del Romeral consideran "negativas" para el municipio.
El colectivo vecinal también pidió que la Policía Local "impida la ejecución de cualquier tipo de obra que carezca de permisos en la zona y pida todos los que se necesiten a la empresa adjudicataria", tanto de las obras de la cárcel, ya en marcha, como de las otras infraestructuras cuando comiencen a desarrollarse.
Los vecinos instaron así mismo al gabinete jurídico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a que "se ponga a trabajar para buscar todos los resquicios legales que se pudieran objetar contra estos proyectos, con el fin de impedir y retrasar su ejecución".
Al respecto, recordaron que la legislación vigente prohíbe la ubicación de infraestructuras "nocivas" a menos de dos kilómetros de un núcleo urbano.
Además, y para "defender el futuro del turismo y, con ello, el medio de vida de muchos grancanarios", el Consejo instó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que exija al Cabildo de Gran Canaria y a los gobiernos canario y español "que estas infraestructuras no se instalen en el municipio por la gran repercusión negativa para el principal sector económico de la isla: el turístico".
"Pedimos a la corporación que desista de pedir compensaciones por la cárcel" y que se "oponga frontalmente a la misma porque el daño que una macro-cárcel, como la que se pretende construir aquí, para el futuro de la zona no puede ser compensado económicamente", aseveraron en su comunicado.
De igual forma, los vecinos consideraron que el Ayuntamiento ha de exigir al Cabildo de la isla que fije una fecha definitiva para el cierre del vertedero de Juan Grande y busque otro alternativo.
Esta actuación, que se lleva a cabo "a la entrada de Maspalomas" es ilegal, a juicio de los vecinos, porque no cuenta con permiso del Ayuntamiento, porque los terrenos en los que se ejecuta son propiedad del Gobierno de Canarias y porque "todavía persisten las concesiones para el uso agrícola de estas parcelas", indicaron en un comunicado.
El Consejo de Vecinos del Castillo del Romeral recordó que el pasado 1 de marzo mil personas, entre ellas miembros de partidos políticos y otros colectivos, secundaron la manifestación convocada con el lema "No a la cárcel. No a la regasificadora. Por una fecha de cierre del vertedero y por el control de emisiones de la central térmica".
En función de la "legitimidad" que, en su opinión, le da el apoyo de todos los manifestantes, al que se suma el del propio Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Consejo solicitó "que se pongan todas las trabas burocráticas posibles a la concesión de las licencias de obra de los proyectos de estas infraestructuras", que los vecinos de Castillo del Romeral consideran "negativas" para el municipio.
El colectivo vecinal también pidió que la Policía Local "impida la ejecución de cualquier tipo de obra que carezca de permisos en la zona y pida todos los que se necesiten a la empresa adjudicataria", tanto de las obras de la cárcel, ya en marcha, como de las otras infraestructuras cuando comiencen a desarrollarse.
Los vecinos instaron así mismo al gabinete jurídico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a que "se ponga a trabajar para buscar todos los resquicios legales que se pudieran objetar contra estos proyectos, con el fin de impedir y retrasar su ejecución".
Al respecto, recordaron que la legislación vigente prohíbe la ubicación de infraestructuras "nocivas" a menos de dos kilómetros de un núcleo urbano.
Además, y para "defender el futuro del turismo y, con ello, el medio de vida de muchos grancanarios", el Consejo instó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que exija al Cabildo de Gran Canaria y a los gobiernos canario y español "que estas infraestructuras no se instalen en el municipio por la gran repercusión negativa para el principal sector económico de la isla: el turístico".
"Pedimos a la corporación que desista de pedir compensaciones por la cárcel" y que se "oponga frontalmente a la misma porque el daño que una macro-cárcel, como la que se pretende construir aquí, para el futuro de la zona no puede ser compensado económicamente", aseveraron en su comunicado.
De igual forma, los vecinos consideraron que el Ayuntamiento ha de exigir al Cabildo de la isla que fije una fecha definitiva para el cierre del vertedero de Juan Grande y busque otro alternativo.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.166