El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se comprometió con el proceso para aprobar una ley de participación ciudadana que permita la implicación de la sociedad en las decisiones políticas, ya que es la manera más efectiva de mejorar la calidad democrática.
Rivero inauguró unas jornadas con cargos públicos de ayuntamientos, cabildos y administración autonómica dentro del proceso para desarrollar esa ley de participación ciudadana, que se aprobará en 2009 y que permitirá la implicación de la sociedad en las decisiones política mediante debates públicos, algo que redundará en una mayor legitimación de las instituciones.
El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, presente en las jornadas, afirmó que actualmente, "más allá de grupos organizados con posiciones definidas", hay una gran dificultad para conseguir una participación efectiva de toda la sociedad en asuntos como el puerto de Granadilla, el tendido eléctrico del sur o la central de gas en Gran Canaria.
Por eso es importante la institucionalización de la participación de la ciudadanía, individual o colectivamente, en las decisiones políticas, algo que por el momento sólo existe en Cataluña, aunque se preparan leyes en Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana.
El subdirector de Participación Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, Fernando Pintado, citó casos polémicos como puede ser la ubicación de una prisión, que una vez que se somete a la participación ciudadana permite que se generan debates e ideas nuevas y encontrar fórmulas más aceptadas y consenso.
El Gobierno de Canarias ha iniciado un proceso de tres fases para el desarrollo del proyecto de ley, una primera en la que han estado trabajando los técnicos, otra que se inicia hoy con representantes de administraciones públicas y una tercera con la implicación de todas las asociaciones que hay en las islas.
Al final de este proceso, el proyecto se remitirá al Parlamento en donde está previsto que se abra el debate en torno a abril de 2009.
Paulino Rivero se mostró convencido de que la institucionalización de la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas en todos los niveles administrativos (local, insular y regional) es una profundización de la democracia, porque "el papel de los ciudadanos no se agota en depositar una papeleta en una urna cada cuatro años".
Esta implicación ciudadana en la toma de decisiones es aún más necesaria en Canarias, debido a la elevada abstención que se registra en los procesos electorales.
"Cuanto más compromiso de los ciudadanos, más legitimación de las administraciones", dijo Rivero.
El subdirector de Participación Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, Fernando Pintado, señaló que en España se ha avanzado en treinta años de democracia en la participación representativa, pero no en la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos.
"La representación democrática es legítima, pero no la única posible", también son importantes los mecanismos de democracia directa, explicó.
Esa participación directa se basa en un proceso de información sobre un asunto de trascendencia pública, debate y conclusión, porque "se parte de la base de que la capacidad de los ciudadanos para implicarse en asuntos públicos complejos".
Esta participación no se refiere a "hablar sólo con los de siempre", es decir, grupos organizados, sino tratar de recabar la diversidad de opiniones, la amplitud de criterios y el contrate de ideas que hay en toda la sociedad.
No obstante, estos procesos de debate de participación ciudadana no pueden ser vinculantes, porque la decisión última debe ser de quienes se han sometido a la consulta popular, es decir, los representantes políticos.






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