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SUR

Las alcaldesas de Mogán y San Bartolomé quieren ver “la letra pequeña” de la suspensión de la regla de gasto a los ayuntamientos

NOELIA VIERA
Martes, 15 de Septiembre de 2020
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Las alcaldesas de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, Onalia Bueno, y Conchi Narváez, respectivamente, han acogido “con alegría” el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de suspender la regla de gasto durante 2020 y 2021 para que los ayuntamientos puedan gastar sus remanentes, sin embargo, han manifestado a este diario que quieren “ver la letra pequeña” del decreto.

 

La decisión del Gobierno llega tras el fracaso del decreto del Ejecutivo que fue rechazado la semana pasada por una amplia mayoría del Congreso. En este sentido, Onalia Bueno, ha manifestado que “los ayuntamientos hemos ganado la primera batalla, ya que independientemente del color político todos en el Congreso se han puesto de acuerdo para tumbar la decisión unilateral de la ministra”.

 

“Estoy contenta, pero quiero ver la letra pequeña del nuevo decreto”, ha añadido la regidora de Mogán.

 

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana quien ha señalado que “acogemos con alegría el anuncio de la ministra ya que poder contar con ese dinero podría suponer hacer frente a muchísimas necesidades que tiene el municipio, como es el pago a proveedores”.

 

Sin embargo, también recibe el anuncio “con cautela”, ya que “no hemos visto la letra pequeña de los requisitos que nos van a exigir para poder liberar este gasto”.

 

En este sentido, Conchi Narváez ha indicado que “tenemos mucho dinero en los bancos pero si un requisito que nos van a pedir es el periodo medio de pago a proveedores no estamos al día en eso porque hemos recibido una muy mala gestión de años anteriores y el periodo medio de pago es muy lento”.

 

El nuevo decreto, que se impulsará en las próximas semanas, suspenderá la regla de gasto en 2020 a fin de que los ayuntamientos tengan más recursos y más margen presupuestario, pero deja fuera los 275 millones, ampliables hasta 400, destinados a paliar la pérdida de ingresos en el transporte público a causa de la pandemia.

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