Una desescalada de dos meses para reactivar el país antes del verano

Cuatro fases, incluida la actual denominada 0 o de preparación, con la provincia y la isla como unidad territorial, con ritmos adecuados a cada caso, una duración de entre seis y ocho semanas y la previsión de llegar a finales de junio a la llamada “nueva normalidad”. Estos son los ejes del plan de desescalada aprobado por el Gobierno, que comenzará el día 4 en una isla de Baleares y tres de Canarias.

El 11 de mayo se pondrá en marcha en el resto de España, después de que se determine que así se pueda hacer en cada territorio a la vista de diversos criterios, aún por concretar por el Ministerio de Sanidad, relacionados con el sistema sanitario, la situación epidemiológica, la protección colectiva y datos socioeconómicos y de movilidad.

Los planes para la desescalada, presentados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han dado a conocer en un martes atípico en la evolución de la epidemia, ya que por primera vez no han repuntado ni las muertes ni los contagios, como era habitual debido al retraso de las notificaciones por el fin de semana por parte de las comunidades autónomas.

CONTAGIOS EN MÍNIMOS

Al contrario, los fallecidos (301 y un total de 23.822) se han reducido respecto al lunes y los positivos diagnosticados con PCR también han descendido hasta los 1.308 y ya son más de 210.000, de los que 102.000 figuran como recuperados.

El número de infectados ha alcanzado, de este modo, su cota más baja desde que comenzó el estado de alarma, con una tasa del 0,6 % y 81 casos de media por cada 100.000 habitantes, si bien repartidos de forma muy asimétrica: los menos de 30 de Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Asturias y los menos de 10 de Canarias, Murcia, Ceuta y Melilla contrastan con los entre 168 y 176 de Castilla y León, Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha.

Esa asimetría también se concreta en los datos de hospitalizaciones (716) y de pacientes en cuidados intensivos (46) con Madrid y Cataluña a la cabeza, si bien seis autonomías han notificado menos de diez ingresos hospitalarios, ocho no han registrado en las últimas 24 horas el traslado de nuevos pacientes a las UCI y cuatro sólo han consignado uno.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho que los datos "son muy buenos y nos dan esperanza" y que, aunque la situación es muy dispar, "todas las comunidades autónomas presentan un claro descenso".

HASTA FINALES DE JUNIO

Con la pandemia bajo control, toda la atención se centra ahora en una desescalada que en su "fase 0" o de preparación, además de las salidas reguladas y puntuales de niños, adolescentes y adultos, permitirá abrir “pequeños resquicios de actividad económica” para atención individual y con cita previa.

La "fase 1" o inicial comenzará una semana antes, el 4 de mayo, en las islas canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, y en la de Formentera, en Baleares, y a partir del 11 en el resto de España con actividades, siempre con condiciones estrictas de seguridad y limitación de ocupación, en terrazas de bares, hoteles y alojamientos turísticos, lugares de culto o entrenamientos de deportistas profesionales.

Cada semana se revisará la situación en cada provincia o territorios de esa provincia, antes de dar paso a la siguiente etapa, que en la "fase 2" o intermedia permitiría abrir el interior de los bares y restaurantes, cines, monumentos o exposiciones, espectáculos de menos de 50 personas, siempre con un tercio de su aforo, que se ampliará a la mitad en los lugares de culto.

La circulación interprovincial no estará permitida, salvo excepciones, así como tampoco la posibilidad de visitar a amigos o familiares, lo que se flexibilizará en la "fase 3" o avanzada, en la que se aumentarán los márgenes de aforo y ocupación, siempre con la recomendación de usar mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos y la de mantener las distancias de seguridad.

Un desconfinamiento seguro obligará también a hacer frente a posibles rebrotes del virus y, en el peor de los casos, a pararse y a dar algún paso atrás, y ese escenario también está en el guion de la lucha contra la COVID-19, sobre el que en los dos meses previstos para la desescalada se conocerán más detalles sobre su impacto real, el grado de inmunidad o su resistencia al aumento de las temperaturas.

LA OCDE CORRIGE

Los test, herramienta fundamental para luchar contra el coronavirus antes, durante y después de la desescalada, se han convertido en material para la polémica, tanto por su escasez inicial y por la compra de algunas partidas fallidas como por el número de pruebas practicadas, motivo de la última controversia entre Gobierno y oposición con ataques defensas y contrataques, según van cambiando los datos, en este caso las listas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha corregido este martes en su ranking de test la cifra de España publicada el lunes sobre el número pruebas realizadas –sólo debía incluir los PCR y no su suma con los llamados serológicos- de forma que ya no está en la octava posición, como celebró el Gobierno, sino en la décimo séptima, por debajo de la media, como le reprochaba la oposición.

Una oposición, al menos la representada en la Mesa del Congreso, que ha apoyado este martes la formación de la comisión parlamentaria de reconstrucción social y económica, si bien el PP, a través de su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho que quedan flecos por resolver, como la designación de la presidencia a la que aspiran los populares con Ana Pastor, pero todo apunta a que será del PSOE. En cualquier caso, esta batalla política no ha hecho más que comenzar.

La reconstrucción deberá hacer frente a una dura crisis económica, a la que organismos nacionales e internacionales han puesto negras perspectivas con fuertes caídas del PIB y del empleo, como la que hoy recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre con 285.600 empleos destruidos solo con el impacto de dos semanas de marzo, pese a que 578.300 trabajadores se había acogido a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de incierta evolución.