Sin ingresos, ni ayudas con los que hacer frente a las hipotecas, seguridad social o al pago por la ocupación del suelo. Así se han quedado los puesteros de los mercadillos del sur de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, que han mostrado su preocupación ante la suspensión de los mercados municipales debido a la medida adoptada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para frenar la expansión del coronavirus.
El Ayuntamiento de Mogán avisa de que la suspensión será por un periodo de tres semanas, por su parte, el de San Bartolomé de Tirajana dice que la medida operará, “en principio”, por un plazo de quince días naturales. Un plazo nada claro según lo que está aconteciendo y que deja en la incertidumbre a unas 500 familias sureñas.
“No entendemos que el Gobierno de Canarias tome esta medida sin un plan de ayudas, nos van a hacer mucho daño, vivimos de los ingresos diarios, ¿cómo vamos a hacer frente a nuestras hipotecas, la seguridad social o darle de comer a nuestros hijos?”, expresa a este diario Maite Candela, una de las trabajadoras.
Para Maite es comprensible que se haya suspendido eventos como el Carnaval Internacional de Maspalomas, pero no unos mercadillos donde “no hay afluencia de más de 1.000 personas, si no que cada vez hay menos gente”, a lo que añade que hay "comunidades en el resto de España que siguen celebrando los mercados, a pesar de haber tomado otras medidas contra el coronavirus".
En este sentido, se muestra también preocupada “por la imagen de alerta que estamos dando a nuestros turistas”, y asegura que no hay tantos casos de Covid-19 en Canarias como para tomar “medidas tan extremas”. “El coronavirus ya nos está haciendo daño, pero el Gobierno con esto aún más”, se lamenta.
El Ayuntamiento se solidariza y anuncia medidas
Por su parte, la Concejalía de Mercados de San Bartolomé de Tirajana asegura que es conocedora de la realidad social y económica de los profesionales que actúan en los mercadillos, y expresan la solidaridad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con los pequeños empresarios, autónomos y trabajadores.
Así, han anunciado que tramitarán los correspondientes expedientes administrativos en orden a que se les exonere del pago del precio público por la ocupación del suelo municipal durante un tiempo prudencial y recabará “en la medida de sus posibilidades” el apoyo y la compresión de las autoridades autonómicas y estatales para aligerar la carga impositiva de estos autónomos durante el tiempo que dure la grave crisis de salud que nos afecta.
Finalmente, se compromete a restaurar con diligencia la normalidad del servicio “tan pronto cuente con el visto bueno de las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma”.








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