La investigación sobre la red de prostitución con menores tuteladas en Gran Canaria cumple 3 años y 2 meses sin juicio

El caso judicial que investiga la presunta red de prostitución con menores tuteladas en Gran Canaria sigue en fase de instrucción tras 3 años y dos meses desde que se judicializó la causa, en noviembre de 2016.

En estos momentos "se están practicando pruebas" a petición del juez que instruye el caso, según ha explicado a Europa Press la fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez.

"Parado no está", ha indicado la fiscal, aunque se desconocen aún posibles fechas para el fin de la instrucción. "Lo lógico es que este año estuviera, pero depende del juez", aseveró.

Un portavoz oficial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha explicado a Europa Press que desconocen los motivos del retraso así como calendario de fechas para avanzar con el procedimiento.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria arrancó a finales de 2016 este procedimiento, fruto de una operación llevada a cabo por la Policía Judicial de Las Palmas, la Fiscalía de Las Palmas y el propio Juzgado y en que fueron arrestadas seis personas.

AL MENOS 10 MENORES VÍCTIMAS

El caso, que afecta al menos a 10 menores víctimas, es conocido como '18 lovas' por el nombre de la agencia de azafatas a través de la que presuntamente se gestionaba la red de prostitución, cuyos cabecillas captaban chicas en centros de menores tutelados de la Comunidad Autónoma.

La agencia en realidad liderada por un proxeneta, Agustín A.B., apodado Yino, presuntamente convencía a menores de edad o recién cumplido los 18 años para que se prostituyeran a cambio de cantidades bajas de dinero.

Desde el punto de vista policial el caso quedó casi cerrado en abril de 2017, cuando así lo indicó el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, José María Moreno. Desde entonces, poco ha trascendido del caso en cualquier término.

MARZO DE 2017: LIBERTAD AL PRINCIPAL IMPUTADO Y MÁS DECLARACIONES

El principal encausado para el que inicialmente fue decretada prisión provisional salió de la misma en marzo de 2017 y después de ello el caso volvió a tener eco público tras trascender que un empresario fue interrogado por la Policía en el marco de la investigación, por la que tuvo que declarar ante el juez en condición de investigado en abril de 2017. En esos mismos momentos trascendió también la declaración de un abogado del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.