La magistrada de San Bartolomé de Tirajana, Pilar Barrado, ahonda en “la historia que va más allá” de la noticia de llegada de pateras

La Magistrada del Juzgado en Primera Instancia Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, Pilar Barrado, en declaraciones ofrecidas a la emisora Onda Cero ha ahondado en lo que ha definido como la historia “más allá de la noticia de la llegada de pateras”, que incluye “procesos judiciales y procedimientos” para los menores no acompañados que alcanzan las costas del municipio en estas embarcaciones ilegales.

Como ha expresado en su entrevista con Onda Cero, en los últimos meses han llegado a las costas de Gran Canaria "muchas pateras, muchos hombres, mujeres y mujeres embarazadas, así como niños que se juegan la vida buscando una vida mejor”, algunos de ellos "junto a sus padres y otros no acompañados". En el juzgado de instrucción "declaran que buscan un futuro mejor para ellos y sus familias, enviar dinero a sus seres queridos en origen", con un marco de "situaciones complejas y de extrema pobreza”.

En el caso de los menores no acompañados, la situación se complica, ha declarado, ya que "puede ser porque la propia familia haya fallecido durante el viaje", al ser "una ruta de riesgo que pone en peligro la vida de adultos y menores", como ocurrió "el 16 de mayo de 2019, con una patera en la que murieron dos mujeres y una bebé de 18 meses".

Para Barrado, “a los miembros de la patera hay que escucharles, también a los menores”. En este caso concreto, ha explicado como ejemplo, se conoció que "una de esas mujeres fallecidas viajaba con una niña, que fue derivada a un centro de menores del Gobierno de Canarias”. La menor, procedente de Costa de Marfil, tenía una historia detrás compleja ya que "la madre había regresado a Costa de Marfil a buscarla tras conocer que era víctima del maltrato de su padre”. La voluntad de esta mujer fallecida durante el viaje era “llevar a su hija a Europa para una vida mejor, ella se ahogó en el viaje y la niña no quería volver con su padre que la maltrataba, sino que quería quedarse en el centro”.

Esto supone un problema a nivel protocolo de actuación, ya que “según la ley de extranjería todos los menores con familia o que son reclamados por sus familiares deben pasar a un proceso de repatriación", y sin embargo este caso sirve de ejemplo de que "hay que escuchar a la menor, porque existe peligro de maltrato".

Los testimonios “son muy importantes”, ha señalado la magistrada, ya que "cambian mucho cada caso en cuanto a la aplicación de protocolos”.

Además, como ha explicado, estos menores son víctimas de “cosificación” al ser tratados de “Mena" (término que hace referencia a Menor Extranjero No Acompañado) y que "lo vincula a la criminalización y a la comisión de delitos” en base a "una alegación populista que no se basa en estadística”.

En estos casos, la magistrada apuesta por "examinar caso por caso de forma individualizada", así como por “tratar de regularizarlos para que puedan estudiar y viajar”. Cuando acaba la tutela "es importante que se regularicen en España, porque cuando son niños da tiempo a regularizarlos, pero hay algunos en los que no está clara la edad”. En estos supuestos ha informado que “se realizan pruebas médicas para comprobar la edad, que pueden revisarse y que tienen un margen de error de dos años”.

En estos casos, ha detallado, "hay que poner en cuenta la presunción de minoría de edad en beneficio al menor”, porque "hay supuestos mayores de edad que no lo son” y declaran serlo “en una situación de estrés, de confusión con el idioma, la cultura, una religión diferente, y las dificultades en la información de sus derechos", y porque temen que si no tienen edad para trabajar serán expulsados.  

Se trata de una realidad que se desarrolla una vez pasa la emergencia informativa de la llegada de una embarcación ilegal, y que supone el día a día de los menores. Los menores no acompañados, ha apuntado Barrado, "son especialmente vulnerables, no tienen guía en su formación y no tienen un entorno social”.