Torres: "Tenemos un problema grave con el T1"

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Mari Pino Torres, se refirió este jueves a la sentencia favorable a la familia Pestana y que el consistorio ha recurrido: "Una sentencia del juez anula el T5. En su momento, en 2003-2004 una parte de la familia afectada presentaron escritos diciendo que no se les había mandado los avisos y por tanto fueron a los juzgados y le han dado la razón".

Torres indicó que se ha anulado y "nosotros hemos recurrido". Al final será el el juzgado quien decida, mientras el Ayuntamiento sólo se limita a seguir las pautas legales.

"Me he encontrado una situación heredada, un problema grave con el T1, una situación que viene de hace muchos años y que está en manos del juzgado, por ello ha salido la imputación incluso de ex alcaldes". La alcaldesa afirmó que el procedimiento camina por un lado y el Ayuntamiento por otro, "lo que tengo es que actuar en ese sentido, lo que ha pasado de aquí para atrás le corresponde al juzgado y nosotros cumpliremos lo que diga el juez".

Asimismo, señaló que no ha precintado porque se han seguido los pasos correspondientes y "ahora que tenemos todo resuelto procederemos a ello".

Por otra parte, el periódico La Provincia informó este viernes que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha anulado los diferentes actos ejecutados por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para urbanizar el polígono T-5 de El Tablero, unos terrenos en los que hay construidas unas 150 viviendas privadas y una superficie comercial de la alimentación ya en funcionamiento.

En concreto, los actos administrativos invalidados son la constitución de la junta de compensación correspondiente al plan parcial del citado polígono, el proyecto de urbanización y el de compensación derivado de ese instrumento de planeamiento. Según razona la jueza en el fallo, se trata de una nulidad originaria que afecta al resto de los acuerdos municipales relacionados con esa unidad de actuación, entre los cuales se incluyen las diferentes licencias concedidas para edificar los bloques de edificios y el supermercado. La sentencia no es firme y los servicios jurídicos del Ayuntamiento tienen la intención de recurrirla antes del 20 de febrero, que es cuando vence el plazo para apelar. El objetivo es paralizar los efectos del fallo para ganar tiempo y resolver los vicios detectados en el procedimiento administrativo por la autoridad judicial, que son calificados de "gravísimas e indubitadas infracciones de la Ley". De ahí que lleven aparejados la medida extrema de la nulidad radical. Esas infracciones consisten en haber negado a la recurrente su derecho a participar en los mencionados acuerdos urbanísticos, pues Asunción Ramírez Viera remitió varios escritos a la corporación en los que se interesaba por el asunto, siempre en calidad de heredera y propietaria de una parte de los terrenos incluidos en el sistema de compensación acordado. Dice la jueza que no se le dio la oportunidad de adherirse a la junta constituida, que tampoco pudo realizar alegaciones, y que no se le notificó de manera individualizada la aprobación definitiva del proyecto. Por todo ello solicitó la impugnación de los expedientes y la paralización de las obras que se han ejecutado en el polígono de El Tablero.