Otro pacto sobre el turismo

Una vez más el Gobierno que preside Paulino Rivero se lanza a la opinión pública con una propuesta a la que acompaña mucha fanfarria y, por desgracia, escasa sustancia novedosa. En esta ocasión se trata del acuerdo por la competitividad y la calidad del turismo en Canarias, a desarrollar entre el presente año y el 2020. Nos encontramos ante un documento plagado de buenas intenciones y trufado de propuestas ya incluidas en la ley de las Directrices de Ordenación del Turismo aprobadas en abril de 2003. Resulta curioso, en primer lugar, que en la breve introducción a modo de diagnóstico de la situación del turismo no se nombren las Directrices, aunque todas las medidas están ya reguladas en las mismas. Por ello, aunque apoyamos el conjunto del contenidos del texto del pacto, el problema fundamental es la falta de credibilidad y confianza que inspira este Gobierno para aplicar las propuestas que contiene. Si el Gobierno anterior de CC-PP, el de ATI-CC en solitario y el actual, estando obligados por la Ley de Directrices no adoptaron estas medidas, ¿por qué ahora las van a aplicar cuando figuran en un simple acuerdo, sin rango legal alguno? Parece la tónica que marca estos primeros meses del mandato de Paulino Rivero de reunirse mucho y con muchos, anunciando en los medios acuerdos de futura aplicación para aparentar que “se están haciendo cosas”, sobre todo de cara a las próximas elecciones de marzo. Más humo, son las elecciones. Sin presupuesto Por otro lado, no hay un solo compromiso presupuestario para la aplicación de estas medidas, por lo que cabe esperar bien poco de este acuerdo. Tampoco se aclara nada sobre el ritmo del crecimiento de las nuevas instalaciones en las cuatro islas turísticas, aunque se remite este asunto a dos nuevas leyes que se prevén elaborar, asunto que comentaré en un posterior artículo. Como he señalado en otras ocasiones, para impulsar la rehabilitación urbana y la renovación edificatoria en núcleos turísticos lo que hay que hacer es empezar a aplicar las medidas recogidas en la ley de directrices y no estarlas repitiendo en acuerdos y programas. Lo que hace falta es voluntad política e iniciar los trabajos del Consorcio que desde el Cabildo hemos impulsado para la rehabilitación en San Agustín y Playa del Inglés, como forma de salir de una parálisis que ya dura cinco años. Los contenidos de este nuevo acuerdo se pueden resumir en tres grandes áreas: apuesta por la rehabilitación urbana de la ciudad turística y por la renovación alojativa; eliminación de la oferta ilegal y regularización de la oferta existente; y apuesta por la calidad y la formación. Con relación a la rehabilitación urbana de la ciudad turística y por la renovación alojativa, se dice que el Gobierno “elaborará para su desarrollo en 2008-2020, en colaboración con Cabildos, ayuntamientos y organizaciones empresariales turísticas, un Programa de Rehabilitación de los Espacios Turísticos”. Es decir, se repite lo recogido en la Directrices 31.1 (“El Gobierno de Canarias realizará un programa específico de declaración de núcleos y zonas a rehabilitar”) y la Directriz 31.3 (“El Gobierno establecerá un programa de medidas económicas, fiscales, laborales y administrativas destinadas a incentivar y facilitar las actuaciones de renovación edificatoria turística, tanto alojativa como complementaria…”. Asimismo, se apunta al uso de la RIC para rehabilitación, medidas de incentivo fiscal que tenía que desarrollar el Gobierno en la citada Directriz 31.3; y que tenían que estar en vigor desde abril de 2004. Respecto a la eliminación de la oferta ilegal y regularización de la oferta existente, incluyendo las nuevas modalidades de alojamientos turísticos que han surgido, se incluyen en lo que el Acuerdo denomina “Programa de inspección”.  Unas medidas ya establecidas en la Directriz 32 “Instrumentos de regulación y control”. Así, la Directriz 32.1 dice “Se desarrollará la regulación de las nuevas actividades y modalidades de alojamiento y equipamientos…”, mientras que la 32.2 señala “se impulsará la regularización de la oferta, mediante el perfeccionamiento de la regulación, la eliminación de la oferta ilegal y no reglada y el establecimiento de un sistema de seguimiento”. Esta regulación debía entrar en vigor en el plazo máximo de nueve meses desde la aprobación de las Directrices, es decir, desde diciembre de 2003. En cuanto a la calidad, las medidas se incluyen en lo que el Acuerdo llama pomposamente “Programa de acciones innovadoras en el Turismo”. Y que se resumen en lo que dicen las Directrices 31.5 y 31.6: “El Gobierno establecerá un programa de medidas de apoyo a la innovación y calidad especialmente en las pequeñas y medianas empresas” que incluyan sistemas de calidad y gestión ambiental, así como implantación de tecnologías de la información y del conocimiento. Estas medidas debían estar en vigor un año después de aprobadas las DOT. También se propone la creación del “Observatorio de la Innovación del Turismo” cuando no se han creado ni el “Observatorio del Turismo en Canarias” ni la “Agencia de Calidad Turística de Canarias”, establecidas en la Directriz 33.4 y que debían funcionar nueve meses después de la aprobación de las DOT. Por último, en la apuesta por la formación, todas las medidas propuestas se pueden resumir en los tres apartados de la Directriz 34 titulada “Instrumentos formativos”, que debían estar en marcha en el plazo máximo de un año tras su aprobación. Queda evidenciado de forma contundente que no hay una sola medida que no estuviera adecuadamente recogida en el articulado de la ley de Directrices de Ordenación del Turismo. Las mismas que se empeñan en no desarrollar, mientras se inventan acuerdos, como este, sin ficha presupuestaria y sin que haya voluntad de pasar de las palabras a los hechos. Camino bien distinto al que viene realizando el Cabildo de Gran Canaria con su impulso decidido al Consorcio Urbanístico de San Bartolomé, al que ya hemos logrado incorporar al Estado que en los Presupuestos de 2008 consigna dos millones de euros al mismo. Hechos y no palabras.