Unas 30.000 personas padecen demencia en Canarias, el 40% sin diagnosticar

El catedrático de Biología Celular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, ha advertido hoy de que en Canarias hay unas 30.000 personas afectadas por demencia y de ellas, casi el 40 por ciento están sin diagnosticar, "tiradas y arrimadas no se sabe dónde".
 

Estas cifras han sido expuestas por el catedrático durante una comparecencia ante la comisión parlamentaria que estudia la situación de la discapacidad en Canarias, y en la que informó sobre la red de recursos sociosanitarios especializados de atención al Alzheimer.
 

Para diagnosticar a ese 40 por ciento de personas no diagnosticadas habría que recurrir a la Atención Primaria porque están "escondidos, en su casa, y hay que sacarlos, y para eso funciona el equipo de salud", indicó José Regidor, quien se mostró totalmente en contra de que la asistencia se base en voluntarios.
 

José Regidor recordó que el alzheimer es la forma más común de demencia y precisó que según datos de la Organización Mundial de la Salud para 2050 la ratio de personas dependientes -lo que también afecta a quien padece este síndrome- será prácticamente la misma que la de trabajadores.
 

"¿Cómo se maneja esto si no hacemos planes políticos?", se preguntó el especialista, que ha sido promotor de la asociación Alzheimer Canarias, fundada en 1995 y que actualmente gestiona en Gran Canaria un centro de día de 120 plazas, 4 camas de respiro, 91 usuarios de ayuda a domicilio y tiene un centro residencial en fase de acreditación.
 

Indicó José Regidor que en Canarias se han hecho "cosas", como una guía de práctica clínica en alzheimer en la que él también participó pero que ha tenido "muy poco uso", y consideró que "al menos" en los grandes hospitales de las islas hay unidades de demencia.
 

Añadió que solo invirtiendo ahora se podrán administrar los costes sociales futuros y citó cifras según las cuales el 48 por ciento de las cuidadoras -pues es una labor predominantemente femenina- desarrolla enfermedades crónicas y discapacidad, y sólo el 32 por ciento de ellas tiene la vida social que le gustaría.
 

El 62 por ciento no tiene apoyo o éste es insuficiente, el 83 por ciento no muestra preocupación por su propia situación personal, el 53 por ciento opina que se cuida lo suficiente "y no es verdad", precisó Regidor, quien indicó que el 71 por ciento de las horas de cuidado realizadas de manera "informal" están a cargo de mujeres.
 

El también exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que confesó que se sintió "completamente chafado" con la ley de dependencia, dijo que en general los recursos disponibles en este ámbito son escasos y poco conocidos, y planes obsoletos o que en su mayoría no se han llegado a implantar.
 

El reto es "empoderar" al enfermo como eje de su tratamiento y cuidado porque a partir del diagnóstico "deja de existir", consideró el especialista, quien apuntó que las demencias son ya la segunda causa de muerte en España.
 

"Las demencias son muchas y cada una es distinta, y donde más se trabaja en el alzheimer y todos los ensayos clínicos que ha habido (para su cura) han fracasado. A veces no hay que emperrarse en curar, sino en mejorar la calidad de vida de la persona", admitió José Regidor.
 

En todo caso, continuó el experto, la prevención consiste en tomar frutas y verduras y realizar actividad física, que antes hacía la gente por obligación y ahora "se compra el chándal para ir a pasear por la calle", mientras que este factor es "el único que tiene un beneficio directo sobre el cerebro".
 

En la misma comisión la presidenta de la Asociación de Cuidadoras de Familiares y Amigos de Personas con Dependencia (Acufade), Carmen Lucas, advirtió de que faltan servicios de proximidad y preguntó a los diputados "dónde quieren envejecer, si en una residencia o en su entorno", y si la respuesta es la segunda hay que promocionar servicios.
 

Carmen Lucas apuntó que la ley de dependencia se "proyectó" como un gran yacimiento de empleo y un desarrollo adecuado de la norma podría aportar datos económicos "contundentes" para desarrollar una red de servicios "que es claramente escasa e insuficiente en Canarias" y que además debe adaptarse a las situaciones cambiantes de la enfermedad.
 

Indicó Lucas que no hay ningún tipo "de maldad política" a la hora de tratar al colectivo de la dependencia, pero éste ha estado a la sombra y ha sido invisible, desprovisto de atenciones, y recordó que hay familias que soportan un coste anual de entre 30 y 35.000 euros para atender a sus parientes.
 

"Falta muchísimo por desarrollar al respecto", continuó Carmen Lucas, quien reivindicó una política de Estado en este ámbito porque trasciende a los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
 

Con una política de Estado se podría articular el acuerdo entre los sectores sanitario, social, educativo y de seguridad ciudadana para que una persona pueda permanecer en su entorno en el mayor tiempo y en las mejores condiciones posibles.