La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha bloqueado a la mayoría de las administraciones desde el pasado mes de marzo. Su interpretación roza lo absurdo por parte de los técnicos, y peor aún por los cargos públicos que deben ser asesorados por los primeros. Ni con unos cuantos cursillos o informes sobre como aplicarla escapan. Mientras tanto la administración empieza a paralizarse porque no puede contratar y menos aún pagar.
Sucede aquí y en el resto de administraciones. Mientras tanto, por poner unos ejemplos, para comprar unas frutitas o elementos para un evento hay que pasar por un contrato que nadie sabe hacer, para pagar una factura lo mismo, para enviar los vehículos de la Policía Local a pasar la ITV más de los mismo (por eso dicen que sólo hay 9 en circulación) y así podemos seguir hasta que se echen las manos a la cabeza. Por tanto, se queda el dinero en las arcas públicas mientras los proveedores de servicios o material esperan por una administración morosa, especializada en ahogarse en su propio charco sin tener en cuenta la supervivencia del empresariado. ¿Cuantos técnicos han solicitado un cambio de departamento ante tremenda “autocomplicación”?
La Ley viene a aportar más transparencia en los contratos publicos -fenomenal- intenta superar las barreras de acceso a esos contratos y mejora la eficiencia de las adjudicaciones, pero también se ha convertido en una pesadilla para quien no sabe interpretarla para contratrar o pagar, y un arma de doble filo que sirve de excusa para finalizar la relación con algunos proveedores. ¿Cuántas facturas llevan en observación más de 5 meses por esta incapacidad manifiesta? Pregunten a cualquier proveedor de servicios.
Kukolín | Viernes, 27 de Julio de 2018 a las 17:47:57 horas
me parece bochornoso.
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