Propietarios de la vaquería acusan de acoso al Ayuntamiento de San Bartolomé

Filippo Paterno y Orcaro Cuevara, promotores de las obras, rechazaron la carencia de los correspondientes permisos de que les acusa el Ayuntamiento y aseguraron que han sido autorizados por el Cabildo de Gran Canaria para la instalación de una granja para vacas de ordeño en el lugar. Ambos ganaderos tienen permiso para que, en una parcela de 16.600 metros cuadrados situada en la Degollada de Las Tierrilas, desde el pasado mes de octubre de 2007, construir un almacén de piensos, una sala de ordeño y un estercolero, así como unos cobertizos, según detallaron. Los ocupantes de los terrenos, ante el retraso en la concesión de la licencia que ahora les debe otorgar la administración local, el pasado 15 de noviembre de 2007 informaron sobre la incoación de un expediente de responsabilidad patrimonial para que se dicte una resolución que obligue a indemnizarles por los perjuicios sufridos. Ambos socios habían solicitado el pasado 26 de octubre la licencia de obras para efectuar la adaptación del terreno rústico, sin que hasta la fecha se les haya contestado, según recalcaron. Añadieron que la ausencia de respuesta del Ayuntamiento les ha producido "cuantiosas pérdidas" económicas y una situación personal "altamente estresante". Filippo Italo relató incluso que tuvo que acudir a la Policía Nacional el pasado 16 de septiembre de 2007, sobre las 12.00 horas, para denunciar que en su finca se presentó el concejal de Policía, Francisco Peñate, con la intención de detenerlo, junto a las personas que con el trabajan, y derribar la barrera de acceso. Junto al edil se personaron cuatro policías a los cuales Peñate ordenó que destruyeran la barrera, a lo que los agentes se negaron, según se relata en una denuncia a la que a tenido acceso Efe. El concejal llegó a advertir entonces a Filippo de "que se lo juraba por mis hijos, que él no permitiría que implantara la vaquería mientras el fuera concejal de policía y tráfico", se agrega en la denuncia. El titular de la finca también se presentó el pasado mes de diciembre en las dependencias de la Policía Local para poner en conocimiento de la Alcaldía que, en un lugar cercano a los terrenos, fue interceptado por una unidad policial para interrogarle. Asimismo, denunció que desde hace un año recibe la visita de diferentes unidades de la Policía Local que incluso montan vigilancia en la vaquería, motivo por el que solicitó que "se deje de usar a los agentes para que me acosen con intención de hacer daño". Desde el Ayuntamiento, mantienen que el interesado en desarrollar esta actividad "ha quebrantado en reiteradas ocasiones los numerosos precintos interpuestos por el Ayuntamiento por obras ilegales", cuestión que en este momento se encuentra en manos de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Estos son algunos de los documentos aportados por los propietarios de la vaquería para probar sus declaraciones: