El fiscal pide 10 años de inhabilitación para el exalcalde de Mogán

El Ministerio Fiscal ha solicitado diez años de inhabilitación para ocupar cargo público al exalcalde de Mogán (Gran Canaria) Francisco González (PP) por un delito de prevaricación cometido en el mes de abril de 2013, al no convocar un pleno extraordinario solicitado por la oposición.

Aquella sesión plenaria fue solicitada por la actual alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca).

El juicio se ha celebrado hoy en el Juzgado Número 2 de lo Penal de Las Palmas, ante la magistrada Mónica Oliva, y no en la Audiencia Provincial como pidió la acusación particular, ya que la sala interpretó que no se piden delitos de cárcel contra el exregidor.

Los hechos se remontan al año 2013, cuando González no convocó el pleno extraordinario solicitado por Bueno para debatir el brote de salmonelosis que afectó a una guardería de Arguineguín, y la paliza propinada por varios agentes de la Policía Local de Mogán a un inmigrante en el centro comercial Puerto Rico.

El abogado de la acusación particular, Daniel Reyes, ha explicado a EFE que solicitó penas por dos delitos diferentes cometidos en un mismo acto: uno de 10 años por prevaricación administrativa y otro de 3 años de inhabilitación por vulneración de derechos fundamentales a los concejales que pidieron el pleno.

Reyes ha recordado que uno de los agresores al inmigrante es hijo de un exconcejal del grupo de gobierno de Mogán, lo que, a su juicio, motivó que el exalcalde no convocara el pleno en los cuatro días siguientes de su solicitud, tal y como indica la normativa del Consistorio.

Además, "no solo, no convocó el pleno, sino que lo denegó argumentando un informe inventado sin argumentación jurídica", ha añadido el letrado.

La defensa de González indicó en el juicio que al tratarse de varios asuntos los solicitados no podían celebrarse en un sólo pleno extraordinario, por contra, la acusación argumentó que en el año 2011 se trataron múltiples asuntos sin informes jurídicos previos y con dificultades en la convocatoria.

"Es el doble rasero del exalcalde, en 2011 sí los celebraba porque el asunto no le afectaba políticamente y, dos años después, los rechazaba por que estaba implicado unos de sus ediles", ha asegurado el abogado de lo acusación.

Además, agregó que González no solo desestimó la convocatoria, sino que, según la Ley, a los diez días siguientes el pleno queda convocado de forma automática si no hay respuesta alguna.

Sin embargo, nunca se celebró y, asimismo, especificó que el acusado ordenó que "se cerrara con llaves el salón de plenos", ha agregado.

La misma pena se ha solicitado para el secretario de la Corporación municipal en ese periodo, Domingo A.R., dado que el acto de prevaricación es el decreto que emite el alcalde, previo informe del secretario.

El letrado ha agregado que los hechos no sólo vulneraron el artículo 23 de la Constitución Española, sino, además, la Ley de Bases de Régimen Local, el Reglamento de organización y Funcionamiento del Ayuntamiento, y el texto Refundido de las Haciendas Locales, entre otros.

Conspiración

Por su parte, Francisco González, funcionario del Ayuntamiento de Mogán que ahora está en comisión de servicios en San Bartolomé de Tirajana, ha dicho a Efe que su actuación en abril de 2013 tuvo como base un informe del secretario del Consistorio, quien entendía que un pleno extraordinario solo podía debatir un único asunto.

"No hice nada de mala fe ni con la intención de cometer un delito, sino que simplemente me ajusté al asesoramiento legal de un habilitado nacional como es un secretario de ayuntamiento. Solo le he hecho caso, he seguido sus recomendaciones técnicas y, además, se lo comuniqué a la oposición", ha agregado.

A González le sorprendió "enormemente la actitud del fiscal", porque "cuando se acusa y hace afirmaciones se tiene que tener pruebas sobre la mesa".

"Puedo entender que la parte denunciante se puede inventar historias, pero que el fiscal deje sobre la mesa una especie de connivencia o conspiración del secretario y del alcalde para perjudicar a una serie de personas... Se debe aportar las pruebas que así lo acrediten", ha subrayado.

En su opinión, "este es un tema es de Ciuca, que se ha caracterizado donde está por estar judicializando, enfangando la vida política y quitar del medio al adversario, cuando son ellos los que menos ejemplo dan", y ha añadido que esta formación está buscando que le inhabiliten "para dejarles el camino libre en el futuro".