Compensación económica por tener el futuro centro penitenciario

El Partido Popular de San Bartolomé de Tirajana, presentó el pasado 27 de Septiembre, una Moción en la que se oponía tajantemente a la instalación por parte del Gobierno del Estado, de la segunda cárcel de Gran Canaria, en Juan Grande. Seguimos convencidos de que esta infraestructura carcelaria con una capacidad para 1008 internos, distribuidos en cuatro plantas, y con una superficie útil de 100.000 metros cuadrados, rodeada por un impactante muro perimetral de 6 metros de altura, no es compatible con el modelo de desarrollo turístico de San Bartolomé de Tirajana. Esa Moción, fue rechazada íntegramente por todos los Grupos Políticos, entre otros motivos, porque el Ayuntamiento en la legislatura pasada, había aprobado por unanimidad una Resolución en la que se oponían a su instalación. Lo cierto, es que en dicho Pleno, lo único que quedó claro, fue que el Partido Socialista estaba a favor de la construcción de la cárcel, y de que ya fatídicamente no teníamos nada que hacer, por el determinismo impositivo del Gobierno del Estado. El estudio de impacto ambiental realizado por el Gobierno del Estado, analiza que habrá beneficios económicos para la zona porque el Ayuntamiento recibirá unos 3.000.000 de euros en un solo acto por licencia de edificación. Además, unos 350 operarios trabajarán en el municipio durante los dos años que durarán las obras. Y, una vez que las instalaciones comiencen a funcionar, se incorporarán a la actividad unos 500 funcionarios y 35 laborales, que fijarán su residencia en San Bartolomé de Tirajana. Sin entrar a valorar si es o no un grave error estratégico la construcción de la cárcel en los Llanos de Juan Grande, y si puede verse afectado en la ventaja competitiva del producto turístico ofertado, si tenemos que conseguir habilitar, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, compensaciones económicas anuales, a los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias que acogen, o acojan en el futuro, un centro penitenciario, sería un hecho sin precedentes que sus respectivos Ayuntamientos, sin duda, aplaudirían. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias funcionan, en este momento, 4 Centros penitenciarios: uno, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la Isla de Gran Canaria; uno en el municipio de Arrecife, en la Isla de Lanzarote; uno en el municipio de El Rosario, en la Isla de Tenerife, y otro en Santa Cruz de La Palma, en la Isla de La Palma. Y próximamente, si nada lo impide, la Macro Cárcel de nuevo cuño de Juan Grande. Todos estos centros funcionan desde hace muchos años y, sin duda, han supuesto una hipoteca para los municipios en que están situados, especialmente para las áreas o zonas más próximas a aquéllos. Y, durante todos esos años, en absoluto sus Ayuntamientos han recibido compensación económica alguna ni ninguna otra ventaja, más al contrario, han debido cargar solidariamente con instalaciones que nadie quiere en su municipio. Es necesario que estos municipios en general, y en particular, San Bartolomé de Tirajana, reciban automáticamente una compensación por el hecho de tener un centro penitenciario en su término municipal o, en algunos casos, en su núcleo urbano. Y, de igual forma, compensarse a esos municipios por haber soportado durante muchos años, sin compensación alguna, estas instalaciones. Fernando Toribio es concejal del PP en San Bartolomé de Tirajana