La Policía Canaria interviene 1 millón de euros de fraude fiscal entre 2016 y 2017

El Grupo Operativo Fiscal de la Policía Autonómica ha decomisado 4.300 objetos falsificados entre 2016 y 2017 valorados en 1 millón de euros, en coordinación con la Agencia Tributaria Canaria y la colaboración de otros grupos del Cuerpo General de la Policía Canaria.

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad especifica en un comunicado que el número de intervenciones realizadas en materia de fraude fiscal durante 2016 y 2017 en Canarias se elevó a 58, si bien en ese periodo también se realizaron 44 investigaciones, 20 identificaciones, 66 asistencias a municipios canarios, 19 servicios de grupos y una incautación.

Además de estas actuaciones se han hecho 445 inspecciones por parte de la Agencia Tributaria Canaria, así como otras 21 inspecciones.

Atendiendo a que el Gobierno canario tiene como meta la lucha contra el fraude fiscal, junto a estas actuaciones el Grupo Operativo Fiscal de la Policía Canaria ha tramitado 75 partes, informes y atestados y cuatro notificaciones.

Entre las funciones asignadas a Grupo Operativo Fiscal se encuentran, además de las señaladas para el Cuerpo General de la Policía Canaria, las de asistir a la Administración Tributaria Canaria y, sobre todo, la lucha contra el fraude fiscal.

Entre ellas están realizar actuaciones de investigación sobre actividades o conductas denunciadas en materia tributaria; inspeccionar la actividad en zonas turísticas y puertos, susceptibles de infracción penal o administrativa, en materia tributaria; colaborar en la inspección para el control de vehículos a efectos de la devolución parcial de impuesto sobre combustible, así como colaborar en la inspección de actividades acogidas al régimen simplificado del IGIC.

A estas funciones se añaden las tareas de colaboración en la inspección del control en los establecimientos autorizados del impuesto sobre las labores del tabaco; la localización de bienes patrimoniales de deudores en ejecutiva; la comprobación de domicilios fiscales y locales afectos declarados en el modelo 400; así como protección en actuaciones conjuntas al personal de la Agencia Tributaria Canaria que realiza inspecciones, entre otras.