Los sindicatos culpan a las administraciones de permitir las ilegalidades de Ramírez

Los sindicatos culpan a las administraciones de permitir a Miguel Ángel Ramírez incumplir las condiciones laborales de sus trabajadores en su empresa de Seguridad Integral Canaria, según ha destacado hoy el dirigente de UGT José Juan Socorro en una rueda de prensa.

Socorro ha acusado al Gobierno de Canarias, a los cabildos y a los ayuntamientos de conceder concursos públicos a la empresa de Ramírez a pesar de que conocían las irregularidades que, según los sindicatos, se cometían en la misma, como el retraso en los pagos a los trabajadores, los salarios precarios y el incumplimiento del convenio sectorial.

Además, los sindicatos consideran "absurdo" que el cese de la actividad de vigilancia presencial que ha anunciado Ramírez se haya justificado con el argumento de que las administraciones le pagan con retraso, cuando el empresario lleva muchos años trabajando con organismos públicos y sabe que tardan meses en abonar sus deudas.

En una rueda de prensa organizada conjuntamente por varias organizaciones de trabajadores que han convocado una huelga el 7 de septiembre en Seguridad Integral Canaria para pedir el abono de salarios atrasados a sus empleados, Socorro ha insistido, además, en responsabilizar a las administraciones de promover la precariedad en el sector.

Hasta el punto de que "hay vigilantes de seguridad que van a pedir ayuda o vienen a los sindicatos a pedir comida", ha sostenido.

Socorro ha asegurado que los concursos públicos de seguridad se han convertido en "subastas" que gana el licitador más barato, y que son las empresas que menos pagan a sus trabajadores, saltándose la legalidad.

Con lo cual no permiten "competir en igualdad de condiciones" a las compañías que sí cumplen con el convenido sectorial, ha apostillado.

Desde ese planteamiento, ha reiterado la demanda de que las autoridades pongan freno a esa dinámica, evitando así contribuir a que "en Canarias se establezcan la pobreza y la exclusión social".

La huelga del 7 de septiembre vendrá acompañada de una manifestación que partirá de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y recorrerá diferentes edificios institucionales, como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de la isla o la Delegación del Gobierno, ha recordado.