Una carta magna no tan magnanina

Veintinueve años tiene la Carta Magna española. Ese tiempo no es nada en la historia y en un país neodemocrático, nacido después de una feroz dictadura y de un estado centralizado al máximo, supone que aún andamos en pañales y de forma titubeante. Se habla una y otra vez de la reforma de la Constitución y si es necesario o no darle algunos retoques. Hoy las circunstancias no son las mismas que en la época de la transición y habría que contemplar una reforma a fondo. Las Constituciones no son unos mitos inamovibles. Teniendo en cuenta que la Constitución que tenemos surgió de un consenso, de un deseo colectivo de dejar atrás una amarga historia y abrir un camino de progreso y bienestar para una nación tan azotada a lo largo de los siglos, y aportar una oferta de paz y prosperidad  para todos sus habitantes, no tiene nada de extraño que esa Constitución naciera con evidentes defectos, que conviene hoy en día revisar con el fin de mejorarla. Personalmente pienso que en términos generales la Constitución española constituye un compendio de buenos deseos, que a veces se convierte en papel mojado, porque no se han desarrollado muchos de sus capítulos, especialmente en lo que se refiere a la justicia, a la convivencia y los derechos de los españoles. Por poner un ejemplo, en el capítulo 47 se dice: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías  que genere la acción urbanística de los entes públicos". Hasta ahí el capítulo, pero, pregunto: ¿Todos los españoles poseen una vivienda digna? ¿Cuántos hay que viven hacinados?, ¿Cuántos tienen que dormir en la calle, incluso con su familia porque no disponen de lo que indica ese artículo, o sea, una vivienda digna? Por otro lado, y refiriéndonos a estas islas, son pocos los ayuntamientos o cabildos que adquieren terrenos públicos para la construcción de viviendas sociales y distribuirlas después con unos criterios racionales y teniendo en cuenta las necesidades. Sin embargo algunas de las administraciones canarias se han preocupado mucho de facilitar terrenos a empresas inmobiliarias y constructores para especular con ellos. Determinados políticos reclaman la construcción de numerosos campos de golf, creyendo que esa es la panacea para salvar al maltrecho sector turístico. Pero en el fondo de esa pretensión lo que se oculta es la especulación de terrenos y el negocio de unos cuantos, porque junto a esos campos de golf vendrán zonas residenciales, apartamentos y hoteles, a pesar de la moratoria turística. Aquí se incumple la ley, muy a menudo, sin que apenas se sonroje quien lo hace, y sin que el pueblo, en su mayoría, se percate de ello. La  citada moratoria sólo ha servido para construir más camas turísticas que no eran demandadas por el mercado.. Otro capítulo, el 45, asegura: "Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejora la calidad de vida y defender el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado". Si analizamos lo que ha ocurrido en España en general y en Canarias en particular, donde ha habido un destrozo de espacios costeros, de paisajes, de bosques, sin que se hayan desarrollado proyectos racionales que no han tenido en cuenta el impacto medioambiental, ni la ordenación del territorio, la verdad es que este artículo nos lleva a esbozar, al menos  una triste sonrisa, cuando no a sentirnos indignados. Conozco a poca gente que haya ido a la cárcel por delitos medioambientales graves, y cuando se ha impuesto a alguna empresa una multa por atentar contra la naturaleza o el medio ambiente, resulta que esa sanción es irrisoria, lo cual les da luz verde para seguir delinquiendo. Lo cierto es que continúan destrozándose playas con edificaciones inadecuadas. O se construyen muelles deportivos, a veces sin necesidad, y sin tener en cuenta si atenta o no contra la biodiversidad de esa costa. Persisten vertidos incontrolados de aguas residuales sin depurar, en barrancos, en los suelos, en el litoral. No se lleva una política seria de reciclaje y aprovechamiento de desechos o materias contaminantes. Vemos como la gente sin el menor pudor, y con el consentimiento tácito de ayuntamientos, cabildos o la propia administración autonómica, se apodera del dominio público para construir sus viviendas, y después, en caso de derribo, (que no ocurre casi nunca)  exigen incluso una compensación. Por otro lado, en esa Constitución elaborada hace 29 años,  se diseñó el país dividiéndolo en una serie de territorios, unos de forma racional y teniendo en cuenta sus especificidades históricas, y otros de manera un tanto caprichosa. Esta disposición, en la que cada territorio tenía su propio gobierno, su parlamento y su presidencia, hacían pensar que España iba a ser un estado federal, estilo Suiza o Alemania, por poner unos ejemplos bastante cercanos y claros, que funcionan muy bien y donde se tratan los temas de forma dialogante y democrática. Pero finalmente no se atrevieron los padres de esa Constitución a llamar a las cosas por su nombre y se generó un estado de las autonomías, donde unas tenían más peso, diferencias  y privilegios que otras, y surgieron nacionalismos excluyentes, que con sus pretensiones entorpecen la paz y la concordia de una España que queremos que sea una nación, donde se valoren y respeten sus evidentes signos diferenciales. Pero además, se aceptó una monarquía que venía impuesta por la dictadura. En fin podría seguir enumerando otras imperfecciones de esta Carta Magna, referentes a la Justicia, a los derechos laborales, a los salarios, a las políticas sociales, etc. pero eso sería largo y prolijo.