El Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno canario ha denunciado a tres barcos recreativos por la captura de 83 kilos de pescado de especies prohibidas en toda la isla
El Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno canario ha denunciado a tres barcos recreativos por la captura de 83 kilos de pescado de especies prohibidas y de tallas no reglamentarias a través de la práctica de la pesca submarina en zonas no permitidas de Gran Canaria.
En un comunicado, el Ejecutivo canario explica que estas tres actuaciones se realizaron en los puertos de Mogán, Agaete y La Aldea de San Nicolás, donde los inspectores se incautaron meros, abades, viejas, sargos breados, jureles, cabrillas y verrugatos, que fueron entregados a centros benéficos de la isla.
Especifica que algunos de los meros no llegaban a la talla mínima de 45 centímetros que establece la Ley de Pesca de Canarias y que, además, se encontraron en los registros especies cuya captura está prohibida, como la corvina negra (Sciaena umbra).
Por otra parte, en una inspección realizada en un restaurante en Las Palmas de Gran Canaria los agentes incautaron 900 pepinos de mar capturados sin autorización, que se hallaban deshidratados en varias bolsas en un congelador del establecimiento.
La Dirección General de Pesca recuerda que este invertebrado juega un papel muy importante en el equilibrio ecológico de los fondos marinos al ser una pieza clave del reciclado de nutrientes y la oxigenación de los mismos, por lo que su eliminación conlleva consecuencias negativas en los ecosistemas costeros.
La fuente agrega que en la actualidad sus poblaciones están siendo diezmadas por la pesca ilegal, ya que son muy apreciados por sus supuestas propiedades afrodisíacas y su creciente uso en la gastronomía de países asiáticos, en los que llega a alcanzar un precio elevado.
Los pepinos de mar se exportan a esas naciones deshidratados, ya que de ese modo no presentan problemas de conservación y son más fáciles de camuflar entre otras mercancías.
El director general de Pesca, Orlando Umpiérrez, indica que todas estas infracciones son consideradas por la Ley de Pesca de Canarias como graves y pueden conllevar multas de hasta 60.000 euros.
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