Las defensas no ven cohecho ni prevaricación, sino una incorrecta instrucción

Las defensas de los acusados en el "caso Paraíso" no ven cohecho,prevaricación ni el resto de delitos que advierte el Ministerio Público, que solicita entre 5 y 10 años de cárcel para los procesados, sino una investigación incorrecta que ha dilatado el proceso 11 años.

En la última sesión del juicio, las defensas han reclamado al tribunal de la Audiencia de Las Palmas la absolución de los acusados: el exedil San Bartolomé de Tirajana Francisco Guedes (PSOE) y su hijo Jonás; el exconcejal Juan José Santana (NC); el arquitecto técnico Fernando Rivero; el funcionario Antonio Muñiz; y los empresarios Alejandro Navarro Miñón, Antonio Hernández Rodríguez y su hijo Esteban.

Solo la abogada del constructor Hernández Rodríguez ha reclamado que se aplique subsidiariamente a su cliente una condena, "como mucho" de 2 años de prisión, en caso de que el tribunal entienda que cometió un delito de cohecho, al entender que "ni los hechos ni la investigación" merecían durar once años.

El fiscal en su informe ha considerado que a lo largo de las siete sesiones que han comprendido el juicio se ha conseguido probar la culpabilidad de los acusados en estos hechos, que sucedieron entre los años 2005 y 2007 en torno a dos expedientes: la denominada segunda fase de la obra de urbanización de poblado Cesa y la desafectación y enajenación del campo de fútbol de Aldea Blanca.

En el primero están implicados los dos exconcejales, el hijo del exedil del PSOE, el funcionario Fernando Rivero, y el empresario Alejandro Navarro.

Este último, según el fiscal, invirtió 240.000 euros en la empresa Excursiones Marítima, propiedad del acusado Jonás Guedes, y que entiende como "dádiva" porque quería que se le adjudicara la segunda fase de la obra de urbanización de poblado Cesa y por los otros "muchísimos intereses" que tenía en el Ayuntamiento.

En cuanto al expediente del campo de fútbol de Aldea Blanca, los acusados Antonio Hernández y su hijo Esteban tenían un interés reconocido en adquirir ese terreno municipal, para lo que por medio de préstamos y dádivas a los procesados Francisco Guedes y Antonio Muñiz querían una resolución del Ayuntamiento favorable a su interés, que no se logró por cuestiones políticas entre los partidos que formaban el pacto de gobierno (PSOE, NC y CCN).

Según el fiscal, Muñiz recibió 24.000 euros de Antonio Hernández y Guedes logró que le hiciera obras en la vivienda familiar y en el barco de su hijo.

El abogado Juan Sánchez ha destacado que "el desconocimiento profundo" que existe en derecho administrativo es "muy gravoso" ante las imputaciones que se atribuyen a los acusados en este caso.

En el caso del expediente relativo a las obras de poblado Cesa, Sánchez ha sostenido que "no hay argumento penal", pues la empresa Mazotti llevó a cabo unas obras que nadie las discute ni tampoco el dinero que debía pagar por ellas, luego no tenía sentido una dávida, y ha señalado que el voto de Guedes para la adjudicación de esa obra tampoco era necesario.

En cuanto a la participación del acusado Juan José Santana, ha indicado que su actuación se debió a que se trataba de una obra necesaria que se tenía que llevar a cabo y que si hubo irregularidades fueron de tipo administrativo y que se debieron resolver mediante un contencioso no en la jurisdicción penal.

En cuanto al expediente de Aldea Blanca, Sánchez ha recordado que fue el concejal de Deportes el que inició la desafectación y murió ahí", y "no se hizo nada ilegal" y que no se ha logrado acreditar que se entregara o cobrara los 24.000 euros que el fiscal sostiene que la constructora Hernández Perera dio a Muñiz, en cuyo estudio de su patrimonio no se halló nada.

El abogado Eligio Hernández, que ha llevado la defensa de Navarro, ha considerado que lo que se ha estado buscando "un crimen para justificar una instrucción de 11 años" y que las conversaciones de las intervenciones telefónicas que se aportan como prueba se pueden "interpretar en la clave que se quiera".