La juez investiga obras adjudicadas a Mazotti en el Sur durante los dos últimos mandatos municipales

La jueza Almudena Alvarez Marqueño ha solicitado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana los expedientes de las obras adjudicadas a Mazotti durante el mandato pasado y el anterior. Entre ellas destacan varios proyectos que siguieron cauces de licitación peculiares, algunos incluso al margen de los procedimientos de contratación legalmente establecidos. M. REYES / SAN BARTOLOME DE TIRAJANA. La adjudicación más llamativa fue una obra para terminar la urbanización Poblado Cesa, cuya construcción ya había sido conferida a la empresa por el ex alcalde Marco Aurelio mediante subasta. Esto ocurrió en enero de 2005 y el presupuesto acordado fue de 347.912 euros, pero la ejecución de los trabajos requirió una serie de modificaciones respecto al proyecto original que casi lo duplicaron. El importe de esos nuevos trabajos ascendió a 261.741 euros, y fue abonado a finales de 2006 por el equipo de gobierno que sucedió a Pérez, con Concepción Narváez como alcaldesa y José Juan Santana al frente de Urbanismo y Contratación. Sin embargo, unos meses antes, Intervención de Fondos puso reparos a esa operación, pues se intentó tramitar un nuevo expediente para una obra que ya estaba terminada y que fue adjudicada directamente a Mazotti. PRETENDIDA. Según Intervención, esa "pretendida segunda fase" no se podía encomendar a Mazotti, sino que era obligatorio convocar otra subasta. De ahí que el departamento tachara la actuación de "irregular y a todas luces ilegal", ya que la obra se realizó sin consignación presupuestaria y sin seguir el procedimiento legal. Por ese motivo, el gasto tuvo que aprobarse en sesión plenaria mediante la figura excepcional del reconocimiento extrajudicial de crédito. Entonces Santana explicó que las modificaciones fueron imprescindibles para terminar la urbanización, además de aclarar que la administración se encontró con una situación de hecho. También se aportó un informe municipal que certificaba la realización del trabajo, que siempre se efectuó con conocimiento del concejal y del director facultativo de la obra, según recoge la interventora en su reparo. En él se advierte que "el elevado número de facturas llevadas a reconocimientos de créditos alcanza una cifra desorbitada".