El cierre de los dos hogares de menores existentes en el municipio de Santa Lucía "no depende del Ayuntamiento", afirma la concejal de Acción Social, Carolina Suárez, quien asegura que "se está empezando a tergiversar sobre un asunto muy serio que es competencia del Cabildo, a la que no puede hacer frente por la nefasta política de menores que se lleva a cabo desde el Gobierno canario".
Los hogares que se encuentran en Santa Lucía, dice la concejal, "funcionan mediante un convenio por cuatro años entre el Cabildo, que tiene las competencias asignadas, y el Ayuntamiento. Cuando se acerca la fecha para renovar este acuerdo y a la vista de las graves modificaciones que se han producido en las condiciones iniciales, el Ayuntamiento plantea modificar también las condiciones del acuerdo, pero el Cabildo alega que no puede asumirlas porque no recibe los fondos suficientes del Gobierno de Canarias, lo que nos lleva a no renovar el convenio", manifiesta Carolina Suárez quien asegura que "quien tiene en sus manos la capacidad legal y la decisión de cerrar o no los hogares no es, desde luego, el Ayuntamiento de Santa Lucía".
Un total de dieciocho niños, de los que sólo seis son del municipio, están acogidos en estos hogares que son atendidos por quince trabajadores. "Un cambio en el modelo de gestión, provocado por la obligatoriedad de contratar a nuevos trabajadores, ha modificado el concepto del trabajo en familia y transformado los hogares en centros institucionales", señala Carolina Suárez para explicar las modificaciones sustanciales que se han producido en el programa.
Los hogares, afirma la concejal de Acción Social, "están ahí, y desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a continuar sumiendo todos los gastos de su mantenimiento, del agua y la luz, así como otros derivados de la educación de los niños, pero nuestra cuota de solidaridad -que ya ha sido enorme con este programa- no puede incrementarse hasta unos costes que llegan a los 2.400 euros por niño al mes". Para Carolina Suárez, "esto es insostenible, irracional y yo diría que hasta injusto cuando estamos hablando de un tema sobre el que las competencias las tienen asignadas otras admin istraciones".
Los hogares que se encuentran en Santa Lucía, dice la concejal, "funcionan mediante un convenio por cuatro años entre el Cabildo, que tiene las competencias asignadas, y el Ayuntamiento. Cuando se acerca la fecha para renovar este acuerdo y a la vista de las graves modificaciones que se han producido en las condiciones iniciales, el Ayuntamiento plantea modificar también las condiciones del acuerdo, pero el Cabildo alega que no puede asumirlas porque no recibe los fondos suficientes del Gobierno de Canarias, lo que nos lleva a no renovar el convenio", manifiesta Carolina Suárez quien asegura que "quien tiene en sus manos la capacidad legal y la decisión de cerrar o no los hogares no es, desde luego, el Ayuntamiento de Santa Lucía".
Un total de dieciocho niños, de los que sólo seis son del municipio, están acogidos en estos hogares que son atendidos por quince trabajadores. "Un cambio en el modelo de gestión, provocado por la obligatoriedad de contratar a nuevos trabajadores, ha modificado el concepto del trabajo en familia y transformado los hogares en centros institucionales", señala Carolina Suárez para explicar las modificaciones sustanciales que se han producido en el programa.
Los hogares, afirma la concejal de Acción Social, "están ahí, y desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a continuar sumiendo todos los gastos de su mantenimiento, del agua y la luz, así como otros derivados de la educación de los niños, pero nuestra cuota de solidaridad -que ya ha sido enorme con este programa- no puede incrementarse hasta unos costes que llegan a los 2.400 euros por niño al mes". Para Carolina Suárez, "esto es insostenible, irracional y yo diría que hasta injusto cuando estamos hablando de un tema sobre el que las competencias las tienen asignadas otras admin istraciones".
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