El Ayuntamiento expedienta a la Obra Social Vida por arrojar residuos

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana abre un expediente sancionador a la Obra Social ‘Activa Vida’ de Vecindario por arrojar enseres y otros residuos en un solar de Castillo del Romeral

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha abierto un expediente sancionador al rastro de ocasión de la Obra Social Activa Vida con sede oficial en Vecindario, por realizar un vertido ilegal de muebles inservibles y otros residuos no clasificados en un solar vacío de Castillo del Romeral, informó hoy un comunicado.

La Policía Local y el área de Ordenación del Territorio y Políticas Ambientales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ya están tramitando la correspondiente denuncia y el expediente sancionador, que contempla para este tipo de infracciones graves una multa que va de los 3.000 a los 30.000 euros y el posible cese temporal, parcial o total de su actividad en este municipio.

Ese arrojo de enseres y otras basuras se realizó en un lateral del recinto destinado al autocompactador de basuras de la Urbanización Monte Castillo, en Castillo del Romeral.

El vertido ilegal de muebles viejos, colchones usados y otros trastos lo realizaron dos miembros del colectivo Activa Vida a plena luz del día, “utilizando para su transporte el mismo furgón grande con el que hacen habitualmente la recogida de ropa y todo tipo de artículos y muebles donados por particulares, que luego arreglan y venden”, añade el comunicado municipal.

Incremento preocupante

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha detectando un “preocupante incremento” de vertidos ilegales de escombros y de todo tipo enseres en el interior de los recintos de los autocompactadores y sus alrededores, que se realizan en horas de la noche y la madrugada para evadir la vigilancia.

También es preocupante la aparición de estos vertidos incontrolados de basuras en los barranquillos y barrancos del municipio.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, en colaboración con la Policía Local, persiguen estos delitos medioambientales que pueden ser sancionados con 60.000 euros y hasta dos años de cárcel.