La Plataforma contra la norma que impulsa el Gobierno de Fernando Clavijo advierte de que muchos consistorios no podrán tramitar por sí solos los planeamientos urbanísticos, porque carecen de medios y personal para hacerlo
La plataforma de sindicatos, partidos políticos, organizaciones ecologistas y colectivos sociales contra la reforma de la Ley del Suelo en Canarias ha denunciado hoy que el proyecto "abre la puerta" a una posible reducción del número de ayuntamientos en el archipiélago.
En una conferencia de prensa convocada para dar a conocer las nuevas iniciativas contra la norma que promueve el Gobierno de la comunidad autónoma, la Plataforma ha advertido de que muchos consistorios no podrán tramitar por sí solos los planeamientos urbanísticos, porque carecen de medios y personal para hacerlo.
Uno de los portavoces de este colectivo, Eugenio Reyes, de Ecologistas en Acción, ha subrayado además que, "lejos de agilizar la maraña burocrática" de los planeamientos, los procedimientos administrativos se pueden alargar en años, porque la ley traslada la responsabilidad que hasta ahora tenían los ediles a los técnicos municipales, quienes deberán estar muy seguro de lo que firma porque puede responder con cárcel o con su patrimonio personal.
A juicio de los integrantes de la plataforma, estos retrasos pueden colapsar el funcionamiento de los consistorios.
En este sentido, han considerado que el fin último que persigue la Ley del Suelo de Canarias es la "reorganización" de los ayuntamientos y han augurado que los "conflictos" que pueden darse podrían ser mayores que con la normativa actual.
Esta plataforma ha estado representada en esta rueda de prensa hoy por Antonio Pérez (CCOO), Eugenio Reyes (Ben Magec-Ecologistas en Acción), Faustino García (exdirector general de Urbanismo del Gobierno Canario) y la Enma Pérez (profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), quienes han pedido una mayor participación ciudadana en la tramitación de la Ley del Suelo, similar a la que se produce en el País Vasco, que se ha dado un plazo de tres años para reformar su legislación.







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