La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Mari Pino Torres Melián, firmó hoy el decreto pertinente para que la Junta Consultiva de Contratación se defina sobre la propuesta técnica de llevar a cabo una modificación contractual al proyecto de urbanización de la zona de Castillo del Romeral.
La alternativa, en caso de que el dictamen no fuera favorable, sería sacar a concurso la obra.
Torres, que se reunió durante la mañana con el gerente de la UTE Surisha-Cobra, Pedro Suárez Rivero, a fin de explicarle el proceso definido por el Consistorio para solucionar, de la forma más rápida posible, el problema que vienen sufriendo numerosos vecinos y vecinas del municipio, que debían haber accedido a sus viviendas, 68 dúplex y 43 pisos, y no lo han podido hacer al no estar terminadas las obras de urbanización.
A pesar de contar con dos informes jurídicos que defienden las tesis de los técnicos, Mari Pino Torres se mostró favorable a contar con el dictamen de la Junta Consultiva, ya que “aunque eso pueda suponer un pequeño retraso en el reinicio de las obras, nos servirá para evitar cualquier contratiempo que, a la larga, podría suponer un problema mayor para los vecinos”.
Independientemente de los trámites necesarios para este proceso, la alcaldesa explicó que llevaría al próximo pleno la modificación presupuestaria para que, “pase lo que pase, el Consistorio tenga andado todos los pasos que debe dar, evitando dilatar más en el tiempo esta situación”.
Asimismo, la alcaldesa manifestó su intención de reunirse en breve con los vecinos y vecinas afectados para informarles de cómo está la situación, si bien quiere contar con todos los datos concretados “para no seguir contándoles cosas que aún se están trabajando y que hay que cerrar para no crear expectativas falsas”.
Torres, que se reunió durante la mañana con el gerente de la UTE Surisha-Cobra, Pedro Suárez Rivero, a fin de explicarle el proceso definido por el Consistorio para solucionar, de la forma más rápida posible, el problema que vienen sufriendo numerosos vecinos y vecinas del municipio, que debían haber accedido a sus viviendas, 68 dúplex y 43 pisos, y no lo han podido hacer al no estar terminadas las obras de urbanización.
A pesar de contar con dos informes jurídicos que defienden las tesis de los técnicos, Mari Pino Torres se mostró favorable a contar con el dictamen de la Junta Consultiva, ya que “aunque eso pueda suponer un pequeño retraso en el reinicio de las obras, nos servirá para evitar cualquier contratiempo que, a la larga, podría suponer un problema mayor para los vecinos”.
Independientemente de los trámites necesarios para este proceso, la alcaldesa explicó que llevaría al próximo pleno la modificación presupuestaria para que, “pase lo que pase, el Consistorio tenga andado todos los pasos que debe dar, evitando dilatar más en el tiempo esta situación”.
Asimismo, la alcaldesa manifestó su intención de reunirse en breve con los vecinos y vecinas afectados para informarles de cómo está la situación, si bien quiere contar con todos los datos concretados “para no seguir contándoles cosas que aún se están trabajando y que hay que cerrar para no crear expectativas falsas”.
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