La jueza concede al exministro de Industria un plazo de cinco días para presentar este dinero, con la advertencia de que, de no aportarla, se entenderá que desiste de su acción penal contra la exdiputada de Podemos
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha exigido una fianza de 12.000 euros al exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria (PP) para continuar personado como acusación en la querella que presentó contra la exdiputada de Podemos y magistrada Victoria Rosell.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC Margarita Varona, instructora del caso, exige esta fianza a Soria si quiere seguir ejerciendo la acción popular frente a Rosell, a la que el exministro acusa de un presunto delito de prevaricación, otro de cohecho y un tercero de retardo malicioso, referido a la investigación judicial que inició sobre el empresario Miguel Ángel Ramírez.
La resolución, dictada el 1 de junio, concede a José Manuel Soria un plazo de cinco días para presentar esa fianza, con la advertencia de que, de no aportarla, se entenderá que desiste de su acción penal contra Victoria Rosell; no obstante, la resolución no es firme y el exministro dispone de tres días para recurrirla.
El Supremo admitió la querella de Soria contra Rosell cuando esta todavía era diputada de Podemos, pero el Alto Tribunal acordó desestimar las acusaciones de calumnia e injuria, los delitos de los que el exministro era parte directamente afectada (y, por tanto, hubiera estado legitimado para ejercer la acusación particular).
Por ello, Soria está ahora obligado a prestar fianza para continuar personado por los otros tres delitos en calidad de acción popular, según explica el propio auto del TSJC.
Este órgano recibió la causa del Supremo tras abandonar Rosell la política, pues el TSJC es el competente para investigar a los jueces que ejercen su función en la comunidad de Canarias.
En esa querella, Soria acusa a Rosell de haber retrasado intencionadamente un procedimiento penal contra el propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, por delitos de fraude contra Hacienda y la Seguridad Social, supuestamente para favorecer los intereses de su pareja, el periodista Carlos Sosa.
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