Recuperar la memoria, hacer justicia

Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior con Aznar y actual eurodiputado del PP, asegura que no tiene motivos para condenar el franquismo, etapa que describe como de enorme placidez para muchas familias. Les ocurría lo mismo a numerosas personas y familias en los regímenes de Stalin o Mussolini. Pero otras muchas, en cualquiera de esas tres dictaduras, supieron del exilio, de la cárcel, de la represión en las calles, de los trabajos forzados y de los campos de concentración, así como de las torturas en las comisarías e incluso de la muerte de algún ser querido por una bala perdida o una brutal paliza, como la que acabó en Tenerife con la vida del obrero Antonio González Ramos, en el año 1975. La placidez terminaba a menudo en los cementerios. El exabrupto del ministro, más propio de la extrema derecha que del miembro de un partido de la derecha moderna y europeísta, se produce en la fase final de aprobación de la Ley de Memoria Histórica, que trata de hacer justicia con miles de personas que sufrieron la represión de la dictadura franquista. No coincido en quienes reiteran la voluntad de dignificarlos, porque creo que bien dignos fueron los que se jugaron su libertad e incluso su vida por su tarea a favor de recuperar las libertades que el franquismo había cercenado por completo. Un franquismo que, no hay que olvidarlo, surgió de un golpe de Estado contra un régimen democrático, la República, y una posterior guerra civil. Y que acabó con los enormes avances que supuso la IIª República, que trató de incorporar a España a la democracia y a la modernidad. Raíces democráticas Como he señalado en otras ocasiones, la IIª República supuso un enorme salto cualitativo de indudables raíces democráticas. Pese a su breve duración fue capaz de poner en marcha iniciativas educativas con un enorme esfuerzo en las tareas de alfabetización- y culturales de gran interés; de proceder a la separación de la Iglesia y del Estado; así como de aprobar el voto femenino y de incorporar mujeres a algunos de sus gobiernos, incipientes pasos de un proceso de igualdad que, al igual que otros relevantes avances, fue abruptamente lacerado por la guerra civil y el posterior régimen franquista. Y también fue relevante en la descentralización del Estado, con la aprobación de los estatutos de las que hoy se denominan nacionalidades históricas (Cataluña, Euskadi y Galicia), abriendo el camino hacia la construcción de una España plurinacional. Canarias, desgraciadamente, se quedó a las puertas de esa primera experiencia de autogobierno. El franquismo ha merecido distintas condenas a nivel internacional. Así, en marzo de 2006 el Comité de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa destacó “las graves y múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas en España por el régimen franquista, entre 1939 y 1975” y solicitó la declaración del 18 de julio de 2006 como “día oficial de condena de la dictadura”. Más recientemente, los grupos políticos de la Eurocámara, salvo el Partido Popular Europeo y la extrema derecha, condenaron el golpe de Estado del general Franco y la dictadura franquista y destacaron la dimensión europea de la Guerra Civil como ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Desde posiciones bien diferentes, desde uno y otro lado del espectro político, PP y ERC han rechazado la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, más conocida como Ley de la Memoria Histórica. Reparación moral Pero creo que se trata de una legislación oportuna, equilibrada y justa, que no hace distinción entre los bandos en la Guerra Civil y que trata de realizar una reparación a las víctimas y evitar los símbolos que exalten el conflicto y que causen enfrentamiento, ofensa y agravio. Nadie se imagina que en las calles o plazas de Berlín se homenajee a Hitler a Goebbels o a las SS. Ni que en las de Roma se haga lo propio con Mussolini. Sin embargo esto ocurre aún en España y, de manera significativa, en Canarias. Ello llevó a afirmar al fallecido escritor Manuel Vázquez Montalbán que “Franco y sus caídos por Dios y por España siguen nombrando calles y plazas como si la posguerra civil no hubiera terminado en las islas más hermosas y a la vez más diversas de este mundo”. Cualquier demócrata suscribiría el espíritu y la letra de esta ley, que en su preámbulo se plantea como objetivo “reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, durante la Guerra Civil y la dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar”. La Ley de Memoria recoge el reconocimiento en favor de las personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Quedaría fuera el asesinato del joven estudiante grancanario Javier Fernández Quesada, sucedido en La Laguna en diciembre de 1977. Un crimen impune para el que jamás hubo juicio. En este sentido, hemos presentado una enmienda para que la ley tome como referencia de cierre la aprobación de la Constitución de 1978, por entender que simboliza adecuadamente el fin del franquismo y el comienzo de una etapa plenamente democrática. Considero que es un deber moral que la sociedad española y canaria tiene con Javier Fernández Quesada y su familia. Porque, como bien señala la Ley de Memoria Histórica se trata de “honrar y recuperar para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos e ideológicos, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia”.