Las decisiones del pacto Ciuca-Psoe deterioran la calidad de los servicios públicos

En agosto de 2015, y posteriormente en noviembre de ese mismo año, desde Nueva Canarias, se puso de manifiesto que el traslado de la abogada que prestaba sus servicios como asistencia jurídica a las mujeres víctimas de la violencia machista, suponía un paso claro hacia la desprotección de estas mujeres, a la vez que un debilitamiento de la calidad con la que se prestaba dicho servicio.

La decisión del traslado de dicha abogada, a otros departamentos municipales, supuso que temporalmente, y hasta que se contratase a otra persona, que el servicio de asesoramiento legal no se prestase, “perjudicando claramente, a un sector vulnerable de la sociedad moganera”, informó un comunicado de NC.

El mecanismo empleado por el gobierno de Ciuca-Psoe ha significado la necesidad de contratar a un autónomo, como prestación de servicios para cubrir, a media jornada, el trabajo que antes desarrollaba a tiempo completo una trabajadora municipal.

Para Nueva Canarias, esta decisión pone de manifiesto la ausencia de planificación en las decisiones adoptadas, pues no sólo supone un incremento de los costes, sino que además las víctimas por violencia machista ven reducido el horario de asesoramiento.

“Pero no queda ahí la cosa, el sistema de contratación empleado, el de prestación de servicios, y el consecuente pago contra factura, ha demostrado que en la adminsitración puede significar el incremento de la plantilla municipal por la puerta de atrás”, agrega NC.

Para Santiago, las prestaciones de servicios pueden llegar a convertirse en cesiones ilegales de trabajadores, pasando a engordar el capítulo I del presupuesto, sin que se cumplan con los criterios de mérito, capacidad y libre concurrencia pública para acceder a la función pública.